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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el inicio de campaña de las elecciones del 29-NEuropa Press

Igualdad gastó 4,9 millones en prorrogar el contrato de las pulseras antimaltrato a la misma empresa con la que fallaron

La Fiscalía Europea abrió la semana pasada una serie de diligencias por el posible uso indebido de fondos comunitarios para la compra de estos dispositivos

El Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo, gastó casi 5 millones de euros en prorrogar por un máximo de cuatro meses el contrato de las pulseras antimaltrato. Se trata del mismo contrato que el ministerio adjudicó a Vodafone, la empresa que ya gestionaba el servicio integral de seguimiento por medios telemáticos de las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género, a pesar de los múltiples fallos que registraron las pulseras y que provocaron la absolución de violadores y el sobreseimiento de causas judiciales.

La Mesa de Contratación decidió el pasado 7 de mayo mantener el contrato con la empresa que actualmente gestiona las pulseras antimaltrato. El presupuesto destinado para este fin, a modo inicial, era de 71,3 millones de euros, una cifra que podría ascender hasta los 111 millones en caso de que se activen dos prórrogas anuales adicionales. En la modificación del contrato que se adjudicó a Vodafone, con fecha del 20 de abril de 2026, se firmó una cifra de 43.901.276,71 euros, de manera provisional hasta que se haga efectiva la adjudicación.

Una de las dos prórrogas ya fue ejercida el pasado 30 de junio, las puertas del verano, y a pesar de los múltiples fallos que registraron estos dispositivos, esenciales para mantener a salvo a las víctimas de violencia de género. Esta prórroga establece además el pago de 4.045.676,04 euros sin impuestos, es decir, un total de 4.895.268,01 euros después de aplicarle el IVA.

Se trata de una prórroga excepcional, sujeta a la legalidad al estar amparada en un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público. El Ministerio de Igualdad recurrió a esta medida por la necesidad de no dejar indefensas a las víctimas de violencia de género mientras se resolvía un nuevo recurso. Esta prórroga está recogida en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según adelantó Okdiario.

La ampliación del contrato sería «por un periodo máximo de 4 meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato», hasta que «comience la ejecución del nuevo contrato». El desembolso inicial hubiese sido menor en caso de que el nuevo contrato hubiese arrancado antes de que se agotase el plazo. La prórroga del mismo establecía además la compra adicional de 1.516 sets de dispositivos.

El Ministerio de Igualdad remarcó a su vez que estos nuevos dispositivos de seguimiento de maltratadores se colocarán en su tobillo, tendrán una batería más larga y contarían con una eSIM no extraíble, además de contar con un material antivandálico para evitar que se puedan romper a la fuerza.

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos

A diferencia del contrato inicial, la prórroga del mismo señala que «no hay financiación con fondos de la UE». Todo ello después de que la semana pasada la Fiscalía Europea abriese una serie de diligencias por el posible uso indebido de fondos comunitarios para la compra de estos dispositivos.

El pasado jueves, la Fiscalía Europea envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tanto al Ministerio de Igualdad como al Tribunal de Cuentas por un presunto fraude en la compra de las pulseras antimaltrato. Agentes de la Benemérita reclamaron diversa documentación sobre el presunto fraude en torno a la adquisición de estos dispositivos.

«Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género», explicó la Fiscalía Europea.

«La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) en Madrid (España) está llevando a cabo diligencias de investigación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas de España. Esto se produce tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a la adquisición de brazaletes de vigilancia electrónica», apostilló.

Las demandas de las víctimas: «No hay interés real»

La Asociación ALMA contra la Violencia de Género aboga por «investigar el total de los fondos destinados al control de las pulseras», incluyendo por qué se produjo «el cambio de gestión de una empresa a otra» sobre la gestión de estos dispositivos, debido a que el cambio «trajo muchísimos problemas para las mujeres víctimas que estaban en procesos judiciales».

Así lo defendió el director, secretario y cofundador de la entidad, Gregorio Gómez, en declaraciones a El Debate. «Durante varios meses se registraron múltiples avisos de pulseras que saltaban, provocando que muchas mujeres sufrieran el miedo el pavor», señaló. En este sentido, acusó de inacción al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque las víctimas están viviendo tras los fallos de estas pulseras «lo mismo de siempre».

«A la hora de la verdad, mucho golpearse el pecho, pero poco interés real por lo que sufren las víctimas de violencia de género. Yo no puedo implantar un nuevo sistema sin haber hecho unas pruebas piloto por lo menos, porque si se hubiera hecho prueba piloto, no hubiera dado los fallos que dieron», indicó Gómez.

El director de ALMA remarco que los múltiples errores registrados en estos dispositivos llegan a los agresores, que posteriormente les da «una oportunidad de reincidencia». «Los agresores dicen, 'Ostras, que el sistema no está funcionando', pues voy a hacer de las mías'. También traslada un mensaje a las víctimas que lo están sufriendo y piensan, '¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a denunciar si no me va a ayudar? Si a lo mejor me estoy poniendo más en riesgo'», lamentó.