Expertos defienden la construcción de obras hidráulicas tras la dana: «Sirven para salvar vidas»

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña Moreno, junto con el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma Manglano, han defendido este miércoles la necesidad de acometer obras públicas tras la devastadora dana del 29 de octubre de 2024. Así lo manifestaron durante su intervención en la Comisión de Investigación encargada de analizar las circunstancias que rodearon dicha catástrofe.

Orduña ha subrayado que construcciones como la del barranco del Poyo habrían mitigado significativamente el impacto del desastre. «Sirven para salvar vidas, y también quiero señalar que los ciudadanos, mis conciudadanos de la zona afectada, tienen también el derecho a vivir tranquilamente», señaló. En su opinión, la seguridad pública es una competencia «exclusiva» del Estado, por estar directamente relacionada con la protección de la integridad física de las personas, aspecto que calificó como «fundacional» en cualquier estructura estatal.

En ese sentido, defendió que el Gobierno central tenía base legal suficiente para haber declarado el Estado de Emergencia Nacional en vista de las circunstancias del 29 de octubre. Esta afirmación derivó en un intercambio con el senador de Compromís, Enric Xavier Morera Català, quien recordó que según el Tribunal Constitucional, la competencia exclusiva en materia de emergencias recae en las comunidades autónomas hasta que se declare dicha emergencia de interés nacional.

Responsabilidad patrimonial del Estado

Asimismo, Orduña alertó de una posible responsabilidad patrimonial del Estado por la inacción en la ejecución de determinadas infraestructuras. Aunque consideró que la imputación penal en este contexto es «más dudosa», apuntó que no realizar obras preventivas podría conllevar consecuencias jurídicas para la Administración, siempre que se acredite el daño y su evitabilidad.

También se pronunció sobre la necesidad de perfeccionar los sistemas de alerta temprana como el ES-Alert, al considerar que en momentos críticos no proporciona la precisión requerida. Propuso contar con más expertos que interpreten datos en tiempo real, por ejemplo, los procedentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en función del nivel de emergencia.

Además, criticó la falta de un reglamento operativo en el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), en particular la ausencia de criterios claros sobre la toma de decisiones o la grabación de imágenes durante emergencias. Esta observación fue respondida por el senador Morera, quien recordó que la Agencia Valenciana de Gestión de Emergencias sí contaba con protocolos hasta su supresión por el actual Ejecutivo autonómico.

Llamamiento a una mayor cultura de riesgo

En su intervención, Orduña también advirtió de la escasa cultura de riesgo existente en la sociedad española. En su opinión, es necesario desarrollar normativas que obliguen a la elaboración de planes estratégicos operativos y eficaces, más allá de meros documentos administrativos sin aplicación práctica.

Por su parte, Juan Valero de Palma, presidente de FENACORE, reclamó una mayor «agilidad» en la tramitación de ayudas dirigidas a los regantes afectados por la dana. Si bien reconoció que ha existido voluntad política en todos los niveles de la administración, lamentó que los retrasos actuales se deban a la falta de recursos.

Valero insistió en la necesidad de invertir en obras hidráulicas y planteó un nuevo análisis de coste-beneficio para infraestructuras descartadas, como la presa de Villamarchante. Subrayó que las cuestiones relacionadas con el agua deben considerarse una «cuestión de Estado», dada la duración de los proyectos y su impacto transversal.

Aunque valoró positivamente la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, recalcó que «no se puede dejar que la naturaleza domine a la sociedad», y subrayó la importancia de la ordenación del territorio, la mejora de los protocolos de emergencia y la clarificación de competencias institucionales. A nivel autonómico, abogó también por aplicar medidas específicas como las amortizaciones tarifarias para los regantes de la Comunidad Valenciana.