Uno de cada cuatro españoles han respirado aire contaminado por ozono en los últimos tres años

Más de doce millones de personas en España –lo que equivale a uno de cada cuatro ciudadanos– han respirado aire con niveles de ozono superiores a los nuevos límites que la Unión Europea ha fijado para el año 2030, según ha alertado Ecologistas en Acción en su último informe sobre la calidad del aire correspondiente a 2025. El documento, hecho público este martes, examina el trienio 2023-2025 y advierte de una situación que la organización considera preocupante, especialmente a la luz de las nuevas exigencias medioambientales.

Si se toman como referencia los umbrales legales vigentes, que la organización califica como «obsoletos», el número de personas afectadas por una exposición superior al límite desciende a ocho millones, lo que representa el 17 % de la población nacional. No obstante, Ecologistas en Acción llama la atención sobre la necesidad de adoptar parámetros más estrictos, como los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que son más acordes con una verdadera protección de la salud pública. Bajo estos estándares, el aire contaminado por ozono habría alcanzado a 47 millones de personas en 2025, es decir, al 97 % de los habitantes del país.

El informe subraya que siete comunidades autónomas carecen todavía de planes específicos para combatir este tipo de contaminación, por lo que la organización exige al Ejecutivo la aprobación «urgente» de un Plan Nacional de Ozono, que coordine y refuerce las actuaciones para reducir este gas troposférico, perjudicial tanto para la salud como para el medioambiente.

Según el análisis presentado, el año 2025 ha registrado los niveles más elevados de ozono de la última década. Esta circunstancia se ha visto agravada por dos olas de calor especialmente largas e intensas durante el verano, el cual ha sido el más caluroso desde que existen registros. La ONG denuncia que la frecuencia de las superaciones del objetivo legal se ha equiparado nuevamente a la de los años anteriores a la pandemia de la covid, con un incremento del 5 % respecto a la media de los años 2012 a 2019.

El estudio desglosa los datos por comunidades autónomas y concluye que la región más afectada ha sido la Comunidad de Madrid, donde casi todas las estaciones de medición han sobrepasado los nuevos objetivos legales. En la capital, incluso, se ha vuelto a alcanzar un récord histórico en cuanto a contaminación por ozono. Otras zonas donde se ha observado un aumento notable son Andalucía, el litoral mediterráneo (incluidas Baleares, Cataluña, la Región de Murcia y Melilla), Castilla y León y Extremadura.

En total, 26 zonas pertenecientes a ocho comunidades autónomas –Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid y Región de Murcia– han incumplido el actual objetivo legal durante el periodo 2023-2025, registrándose en cada una de ellas al menos una estación con niveles superiores a los permitidos. Este número se eleva a una treintena de áreas si se aplica el umbral más exigente establecido por la normativa europea para 2030.

En contraposición, algunas regiones han experimentado una disminución en la presencia de este contaminante. Es el caso del Valle del Ebro, la cornisa cantábrica, así como de ciertas zonas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y el archipiélago canario.

Ecologistas en Acción ha denunciado también que 2025 ha sido el año con mayor número de superaciones del umbral de información a la población desde 2015, alcanzando un total de 320 episodios hasta el 30 de septiembre, con especial concentración en Madrid y Cataluña. A pesar de ello, la organización acusa a varios gobiernos autonómicos de no haber reaccionado de forma adecuada. En concreto, señala que los Ejecutivos de Aragón, Asturias, Extremadura y el País Vasco no emitieron las alertas preceptivas sobre los niveles de ozono. Por su parte, las restantes comunidades autónomas implicadas se habrían limitado a enviar avisos rutinarios, sin garantizar una divulgación eficaz y comprensible para la ciudadanía. «La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema», ha denunciado con contundencia la organización ecologista.

Más allá del impacto ambiental, la ONG insiste en que la contaminación por ozono debe tratarse como una cuestión sanitaria de extrema relevancia. «Debe abordarse como un problema de salud de primer orden», recalcan. En este sentido, señalan que las principales vías de actuación pasan por una reducción del tráfico rodado, la sustitución de disolventes orgánicos por agua, la eficiencia energética, una ordenación más racional del despliegue de energías renovables y la aplicación de Áreas de Control de Emisiones en el Mediterráneo y el Atlántico Noreste.

Entre otras medidas propuestas, Ecologistas en Acción aboga por penalizaciones fiscales para los vehículos diésel y la aviación, así como por la promoción del compostaje de biorresiduos y la aplicación de una moratoria a las nuevas macrogranjas, responsables en gran medida de las emisiones de metano. Este gas, advierte la ONG, es uno de los principales causantes de los elevados niveles de ozono de fondo que se registran en Europa y en España.