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Presa de Aldeadávila, en la frontera entre España y PortugalGetty Images

Entrevista

Jesús Contreras, ingeniero: Con la seguridad de las presas «estamos jugando a la lotería y llevamos muchos números»

El experto destaca que falta mantenimiento y denuncia que el Estado sea «juez y parte» al tener las competencias para gestionar su seguridad

Las intensas lluvias de las últimas semanas han vuelto a generar inquietud sobre la seguridad de las presas. Los embalses no paran de llenarse debido a las persistentes precipitaciones y preocupa que estas infraestructuras no puedan soportar la presión o las posibles avenidas y causen una desgracia mayor.

Lo cierto es que los ingenieros de caminos, canales y puertos llevan meses advirtiendo de que las presas que dependen del Estado no tienen un correcto mantenimiento, lo que podría desembocar en el fallo de alguna de ellas. Según explica a El Debate Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, España cuenta con cerca de 1.300 grandes presas, de las que 375 son de titularidad estatal y alrededor de 925 pertenecen a concesionarios. Esta distribución es, según el experto, el origen de uno de los principales problemas del sistema, ya que se desconoce cuál es el estado de las concesionadas, cuyo mantenimiento corresponde a ayuntamientos, diputaciones, eléctricas u otros propietarios privados.

La paradoja, según denuncia, es que el propio Estado es juez y parte. «El primer tema aberrante es que el Estado sea titular de 375 presas y, además, tenga las competencias para gestionar la seguridad tanto de las suyas como de las concesionarias. No hay expedientes sancionadores porque son ellos mismos», afirma. A su juicio, esta situación resta credibilidad a la exigencia de responsabilidades: «¿Cómo le exiges a un ayuntamiento que arregle los desagües si los tuyos los tienes mal?», reflexiona.

Los datos que maneja la asociación no son estimaciones externas, sino que utilizan los compartidos por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), y las cifras son contundentes: el 75 % de las presas de titularidad estatal no tiene implantado esos planes de emergencia, a pesar de que son obligatorios desde 1994. La gravedad aumenta si se tiene en cuenta que el 80 % de las presas estatales están clasificadas como tipo A, es decir, aquellas cuyo colapso podría afectar gravemente a núcleos de población importantes. «Implantar un plan de emergencia no es un trámite administrativo: requiere coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos y ayuntamientos, entre otros. Y eso no está hecho», advierte.

El 60 % necesita «actuaciones urgentes»

Más allá de los planes, los propios informes oficiales reconocen que el 60 % de las presas necesita actuaciones urgentes para mejorar su seguridad hidrológica, estructural y el estado de los órganos de desagüe. En 143 presas, la capacidad de evacuar avenidas es insuficiente, y en algunas ni siquiera pueden desaguar una avenida ordinaria. «El riesgo es el desbordamiento por coronación. En presas de hormigón puede no colapsar, pero en las de materiales sueltos se las lleva por delante», alerta Contreras.

A esto se suma otro problema crítico: 170 presas presentan deficiencias en los desagües de fondo. En 40 de ellas están directamente inoperativos; en otras, solo funciona uno de los dos reglamentarios o existe miedo a accionarlos por no poder cerrarlos después. «Cuando se juntan problemas hidrológicos y desagües inservibles, el riesgo es altísimo», insiste.

El tercer factor es estructural. Unas 180 presas no cumplen los coeficientes para los que fueron diseñadas, y el 75 % cuenta con sistemas de auscultación obsoletos. «No es alarmante por sí solo; es alarmante según cómo se mezclen las variables», matiza. Como ejemplo cita el caso de Forata, donde coincidieron desagües inoperativos, problemas estructurales y ausencia de plan de emergencia. «Se quedó a un metro de desbordarse. Eso habría significado el colapso de la estructura».

Críticas al Ministerio

Contreras es crítico con las prioridades presupuestarias del Miteco. «Se gastan miles de millones en eliminar azudes o restaurar riberas con parques y árboles, y solo 16 millones en presas que ellos mismos dicen que están en esta situación». Calcula que harían falta al menos 570 millones de euros para un mantenimiento adecuado. «No quiero ser alarmista, pero con estos números no es difícil pensar que haya alguna presa con dos o tres deficiencias. Si además aparece una dana, el problema es serio».

Aunque reconoce que en los últimos meses se han acelerado licitaciones para planes de emergencia, lamenta que haya sido «tarde y a golpe de susto». Y es que, según el ingeniero, el gran drama de este país es que, independientemente del partido, se ha politizado la gestión de las aguas. Añade que, desde 2004, con el auge del ecologismo, esta corriente condiciona las decisiones gubernamentales y se impone lo que se llamó «nueva cultura del agua», donde se daba prioridad a la calidad y al caudal ecológico y se dejaban de lado otros asuntos.

El experto concluye con una advertencia clara: «Un accidente nunca tiene una sola causa, pero si le das facilidades… Estamos jugando a la lotería, y llevamos muchos números».