Embalse José Torán, en la provincia de Sevilla
Los ingenieros insisten en el mal estado de las presas y presionan al Ministerio para que las mejore
Tras una misiva al Miteco el pasado mes de febrero, una asociación de profesionales les ha entregado de nuevo un documento con posibles soluciones
Llevan tiempo alertándolo, pero en los últimos meses su preocupación parece haber ganado mayor atención. Los ingenieros de caminos advierten del riesgo que afecta a la seguridad de las presas españolas, sometidas a una presión notable tras el húmedo invierno de este 2026. Estas precipitaciones provocaron inundaciones, crecidas de ríos y numerosos incidentes en buena parte de España, con especial impacto en la comunidad andaluza.
En el mes de febrero, coincidiendo con estos eventos meteorológicos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil pidió por carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que dotase de los medios necesarios a todas las presas que dependen del Estado.
En la misiva se reivindicaba que las infraestructuras estuviesen «en perfecto estado» para evitar desgracias en el actual contexto de emergencia climática y se recalcaba que su intención no es generar alarma entre la población, sino empujar a la Administración a que tomase medidas para evitar que, por falta de mantenimiento, puedan producirse siniestros.
Casi dos meses después, esta misma asociación ha vuelto a plantear al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) su «preocupación por el estado actual de las infraestructuras hidráulicas» y ha entregado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un documento con posibles soluciones a los problemas.
En él se insiste en la necesidad de incrementar las inversiones prioritarias, modificar la legislación vigente y reforzar los recursos humanos y materiales desde un enfoque multidisciplinar, con el objetivo de garantizar la adecuada conservación de las infraestructuras hidráulicas.
A su juicio, la situación es «crítica en varios sentidos». Recuerdan además que la energía hidráulica, que en 2025 aportó el 12,4 % de la generación eléctrica, se consolida como la principal fuente renovable firme para sostener la estabilidad del sistema, especialmente frente al peso creciente de la eólica y la solar, que alcanzan el 40 %, y en el contexto del objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de lograr un 81 % de energía renovable en 2030.
La Asociación también denuncia que las Confederaciones Hidrográficas están impulsando expedientes de extinción de aprovechamientos hidroeléctricos conforme finalizan las concesiones, acompañados de requerimientos de demolición, sin convocar nuevos concursos ni evaluar de forma integral su impacto.
En su opinión, esta dinámica pone en riesgo la continuidad de presas que siguen desempeñando funciones esenciales en la gestión del agua, la prevención de riesgos y la producción de energía renovable. En este sentido, citan de forma específica los casos de las presas de La Retorna (Ventrosa, La Rioja), considerada una obra destacada de la ingeniería, y Los Toranes (Teruel), afectadas por expedientes de demolición.
Propuestas de los ingenieros
Entre sus propuestas, la Asociación plantea la incorporación de 69 ingenieros de caminos en las Confederaciones Hidrográficas y 11 en sus Comisarías, así como elevar la presidencia de las Confederaciones a rango de Dirección General y las Comisarías de Aguas a Subdirección General, ocupadas por estos profesionales.
En materia normativa, proponen modificar el artículo 57 de la Ley de Aguas para eliminar el carácter restrictivo del caudal ecológico, implantar 46 planes de emergencia en zonas de alto riesgo como el Levante español, el Júcar y el Segura, y revisar y mejorar los sistemas de auscultación en presas con deficiencias. En concreto, señalan 23 infraestructuras con problemas de seguridad estructural en condiciones normales y otras 24 con deficiencias estructurales e hidráulicas que requieren intervención urgente.
Asimismo, plantean la creación de un Consejo de Seguridad de Presas, de carácter técnico, independiente y con autonomía financiera, dependiente del Parlamento, siguiendo el modelo del Consejo de Seguridad Nuclear.
