La presa de La Retorna afronta un período clave para evitar su demolición: «Es una obra maestra de la ingeniería»

Entre 2018 y 2022, el Gobierno demolió 328 «barreras transversales» o infraestructuras hídricas que se consideraban «sin uso» y que representaban obstáculos para la circulación del agua en 33 provincias de España. El Ejecutivo recalca que, en su mayoría, se trata de antiguos azudes de derivación, pequeñas represas, vados, pasos de puentes, pasarelas u obras de drenaje formadas por tubos, que «apenas embalsan agua» y difieren significativamente de los grandes embalses.

Uno de esos casos es la presa de La Retorna, en La Rioja. En 2022, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) anunció la extinción del derecho concesional de la central hidroeléctrica de La Retorna tras haber transcurrido su concesión de 75 años. Asimismo, justificó el derribo de la presa debido a la necesidad de restaurar la continuidad fluvial del río Najerilla, aplicando el régimen de caudales ecológicos y recuperando la cubierta vegetal en una zona catalogada como de especial valor ambiental.

No obstante, esta decisión ha terminado judicializándose debido a que los vecinos y diversas asociaciones consideran que es un error derribar la presa. Será el Tribunal Supremo quien deberá pronunciarse sobre si la petición para declararla Bien de Interés Cultural (BIC) puede influir o incluso frenar una orden administrativa de demolición, en un caso que afecta de lleno a esta histórica infraestructura enclavada en la sierra riojana.

El recurso lo presentó la empresa Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja, S.L. contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que avaló tanto la extinción de la concesión hidroeléctrica como la obligación de desmantelar la presa y sus instalaciones. Dicha resolución respaldaba la decisión adoptada en junio de 2022 por la CHE.

Tal y como recuerda el medio local Nuevecuatrouno, en enero de 2025, una nueva resolución judicial volvió a respaldar esta línea al rechazar un recurso que pedía paralizar la demolición. El TSJ de Aragón consideró aplicables tanto el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico como el 101.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que permiten exigir el derribo de las instalaciones una vez extinguida la concesión, incluso si estaba prevista su reversión.

A favor de mantener la presa

Tanto la empresa concesionaria como diversas entidades sostienen que no se han tenido suficientemente en cuenta otros intereses públicos, como la protección del patrimonio histórico y el valor de la instalación como fuente de energía renovable. Destacan que la central, diseñada hace más de ocho décadas por el ingeniero logroñés Carlos Fernández Casado, continúa siendo rentable y genera alrededor de 12.000 megavatios hora al año, lo que equivale al consumo de unos 4.000 hogares.

Desde el ámbito técnico, organizaciones como el Instituto de la Ingeniería de España, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad han puesto en valor La Retorna, calificándola como «una obra maestra de la ingeniería». Subrayan que el conjunto constituye un patrimonio técnico y cultural singular, además de haber sido clave en el desarrollo económico de la comarca.

Desde Nuevecuatrouno subrayan además que a estas voces se suman los ayuntamientos de Ventrosa de la Sierra, Brieva de Cameros y Anguiano, que advierten de las posibles repercusiones económicas y sociales de su desaparición. Señalan no solo la pérdida de una fuente de energía limpia, sino también de funciones como la regulación del agua, la mitigación de inundaciones o el atractivo turístico del entorno.

El asunto también ha tenido eco en el Parlamento de La Rioja. En marzo de 2025, el pleno aprobó instar al Gobierno central a tramitar con urgencia la declaración de BIC para la presa, tras debatirse dos proposiciones no de ley impulsadas por PP y Vox. Ambas formaciones las respaldaron, mientras que Podemos-IU votó en contra y el PSOE apoyó únicamente la iniciativa del PP, al considerar que permitía explorar una conservación compatible con el uso energético.

Por su parte, sectores ecologistas insisten en que el fin de la concesión supone una oportunidad para recuperar el río Najerilla y restaurar un espacio natural alterado durante décadas. Esta es también la postura defendida por Izquierda Unida, que considera la demolición como la opción más coherente desde el punto de vista ambiental.

Con la decisión del Tribunal Supremo de estudiar el caso, el futuro de La Retorna queda de nuevo en el aire. La sentencia deberá aclarar si la protección patrimonial puede condicionar una orden de derribo ya confirmada por la vía judicial. Su resolución no solo determinará el destino de esta infraestructura, sino que podría sentar un precedente relevante para otros proyectos hidroeléctricos en España donde confluyen intereses ambientales, energéticos y patrimoniales.