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Mesa redonda sobre la perspectiva del sector

Expertos alertan de que la falta de inversión amenaza la sostenibilidad del agua urbana

Veolia, Aqualia y Canal de Isabel II defendieron que la recuperación de costes debe convertirse en uno de los pilares de la gestión futura del agua urbana

Los principales operadores del ciclo urbano del agua, Veolia, Aqualia y Canal de Isabel II, coincidieron este jueves en la necesidad de incrementar las inversiones y reforzar la planificación a largo plazo para hacer frente a los retos que afronta el sector en los próximos años. La petición se produjo durante la segunda jornada del 38º Congreso DAQUAS, celebrado en Ifema Madrid, donde representantes de algunas de las principales entidades gestoras analizaron los desafíos derivados del cambio climático, la nueva regulación europea, la renovación de infraestructuras y la transformación tecnológica.

Durante el encuentro, los participantes advirtieron de que la calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio dependerán en gran medida de la capacidad para garantizar una financiación estable y una mayor seguridad regulatoria. Según señalaron, España mantiene unas tarifas del agua inferiores a la media europea, una circunstancia que, a su juicio, dificulta acometer las inversiones necesarias para modernizar las redes, mejorar el mantenimiento de las instalaciones y adaptarse a las nuevas exigencias ambientales.

Los responsables del sector defendieron que la recuperación de costes debe convertirse en uno de los pilares de la gestión futura del agua urbana. Consideran que la falta de recursos económicos está generando déficits de inversión acumulados que podrían comprometer la capacidad de respuesta ante fenómenos cada vez más frecuentes, como las sequías, los episodios meteorológicos extremos o el deterioro de infraestructuras envejecidas.

Otro de los aspectos destacados fue la necesidad de dotar al sector de una mayor estabilidad jurídica. Los expertos alertaron de que la fragmentación administrativa existente en España, donde miles de ayuntamientos tienen competencias sobre la gestión del agua, dificulta la planificación de proyectos a largo plazo y genera incertidumbre para el desarrollo de nuevas inversiones. En este contexto, reclamaron mecanismos regulatorios que aporten previsibilidad y permitan acelerar la ejecución de actuaciones estratégicas.

El debate también estuvo marcado por la futura transposición de la nueva Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, una normativa que obligará a realizar importantes adaptaciones técnicas y organizativas. Los participantes coincidieron en que esta regulación supondrá un cambio profundo en la manera de planificar, financiar y gestionar el saneamiento urbano, al incorporar nuevas obligaciones ambientales y mayores exigencias en materia de depuración.

Entre los principales desafíos identificados figuran la gestión de desbordamientos en episodios de lluvia intensa, la modernización de los sistemas de drenaje urbano, el aumento del consumo energético asociado a las nuevas infraestructuras y la necesidad de definir fórmulas de financiación capaces de sostener estas inversiones. Asimismo, se abordó la aplicación del principio de «quien contamina paga», con el objetivo de garantizar que los costes derivados de las nuevas obligaciones ambientales se distribuyan de forma equitativa.

La innovación tecnológica ocupó también un lugar central en la jornada. Los expertos analizaron el potencial de herramientas como la digitalización de redes, los gemelos digitales, la sensorización avanzada, los sistemas de detección de fugas o las nuevas tecnologías para el tratamiento de contaminantes emergentes. Estas soluciones están llamadas a desempeñar un papel clave para mejorar la eficiencia de la gestión del agua y aumentar la resiliencia de los sistemas urbanos.

Como conclusión, los participantes coincidieron en que el sector atraviesa una etapa de transformación sin precedentes. La presión climática, las nuevas exigencias regulatorias, las crecientes expectativas sociales y la aceleración tecnológica obligarán a impulsar mayores inversiones, fortalecer la colaboración entre administraciones y operadores y adoptar una visión estratégica de largo plazo para garantizar un servicio esencial para la ciudadanía.