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Un bombero trabaja en un incendio en Lugo

Un bombero trabaja en un incendio en LugoEuropa Press

Ingenieros de Montes: «España necesita invertir 2.000 millones más contra incendios»

«Teniendo en cuenta el gasto público de 2025, esta cifra supone menos del 0,5 %», ha precisado el decano, quien ha abogado por que la mayor parte de ese dinero se dedicara a prevención

España debería invertir 2.134 millones de euros adicionales a los presupuestos destinados actualmente para la lucha contra los incendios forestales, según un informe elaborado por un grupo de expertos en ingeniería de montes que ha analizado las mejoras necesarias, sobre todo en prevención, en todas las comunidades autónomas.

«No hay cifras oficiales de lo que se está gastando en esta materia pero estimamos que en este momento se está invirtiendo unos 1.500 millones de euros anuales» –unos 1.100 para extinción y unos 400 para prevención– y «nuestro análisis calcula que necesitaríamos unos 3.500 millones», ha asegurado en una entrevista con Efe el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM), Eduardo Tolosana.

«Teniendo en cuenta el gasto público de 2025, esta cifra supone menos del 0,5 %», ha precisado el decano, quien ha abogado por que la mayor parte de ese dinero se dedicara a prevención para evitar que en los próximos años se repita un registro tan negativo como el de las más de 300.000 hectáreas devoradas por el fuego este verano, el triple de la media histórica reciente.

No hay lugar seguro

«Hay que insistir en que, con el cambio climático y el abandono rural, ya no hay un lugar seguro», ni siquiera en espacios naturales para los que hasta ahora el fuego no suponía una amenaza tan grande, por lo que «habría que triplicar el dinero dedicado puramente a prevención», ha señalado Tolosana.

El estudio cifra en 1.908 millones la partida imprescindible sólo en la prevención y no como un gasto puntual sino como «inversión sostenida y plurianual indispensable para reducir el riesgo y mejorar la resiliencia».

Esta cantidad se desglosaría en dos ejes principales: las actuaciones de prevención directa y pre-extinción como desbroces, cortafuegos o quemas prescritas y la planificación y gestión forestal en general.

Extinción y autoprotección

El exhaustivo análisis elaborado por los ingenieros de montes señala que el dinero dedicado a extinción en general «está bien dimensionado» aunque el gasto depende de la dureza de la campaña, en función de los aviones utilizados o del número de efectivos de las brigadas, entre otras variables.

Sin embargo, también reclama elevar la inversión en este punto en cerca de 170 millones de euros con objeto de reforzar la profesionalización y coordinación de la extinción puesto que «necesitamos gente muy especializada, utilizar más la IA o fijar una red nacional de comunicación para emergencias» para afrontar catástrofes como los incendios de sexta generación.

A ello habría que sumar unos 30 millones más, destinados a concienciación y formación de la población, ya que «mucha gente en los pueblos y las urbanizaciones de la interfaz urbano-forestal no es consciente de los riesgos que corre», aunque desde 2013 es obligatorio que los ayuntamientos ubicados en zonas de alto riesgo de incendio tengan su propio PAMIF (Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales) y las comunidades de vecinos, su plan de autoprotección.

Pacto de Estado

Por CC.AA., el estudio indica que las mayores inversiones deberían ir a la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Andalucía, aunque reclama mejoras para todas las regiones españolas.

Tolosana ha lamentado que «desde que empezó la democracia, ningún Gobierno le ha dado la importancia necesaria a esta cuestión porque no parece interesar mucho electoralmente a ningún partido, pero es que cada vez es más grave».

Por ello ha defendido la necesidad de «un Pacto de Estado sobre esta cuestión, que es mucho más urgente que uno sobre el cambio climático».

Este acuerdo debería incluir medidas concretas de fiscalidad para premiar la buena gestión forestal especialmente a largo plazo, además de un pago por servicios ecosistémicos como la fijación de CO2, «algo sobre lo que se está hablando bastante en la UE últimamente».

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