Así se prepara España para una futura erupción volcánica: el BOE publica nuevas alertas y planes de evacuación

La erupción del volcán Tajogaite en la isla canaria de La Palma en el año 2021 conmovió a España entera y nos hizo conscientes de que un evento de esas características puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo en un territorio volcánico como Canarias.

Ahora, cinco años después, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre.

La directriz establece que su aplicación obligatoria se limita actualmente a Canarias, aunque otras comunidades podrán adoptarla o desarrollarla si lo consideran necesario o si cambia la evaluación científica del riesgo. De hecho, el documento recoge una estimación del 77,69 % de probabilidad de que se produzca al menos una erupción volcánica en Canarias en un periodo de 50 años. En el caso La Garrocha, en Gerona, la estimación es del 1,09 %.

La norma hace una evaluación amplia de los peligros volcánicos, incluyendo la lava, los gases, la caída de ceniza y otros materiales, las explosiones, los terremotos asociados, los deslizamientos los incendios, la contaminación del agua y del suelo y los posibles tsunamis, entre otros fenómenos.

Es el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el que mantiene las competencias para observar, vigilar y comunicar la actividad volcánica y determinar los riesgos asociados contando con el uso de nuevas técnicas. Asimismo, se refuerza el seguimiento de los terremotos, las deformaciones del terreno, las emisiones de gases y los cambios de temperatura.

Otra de las novedades incluye que los planes podrán establecer sistemas de avisos mediante un semáforo volcánico, con umbrales definidos para asociar cada nivel de actividad a las medidas de protección correspondientes.

Zonas de emergencia

La nueva directriz establece tres tipos de zonas para organizar la respuesta ante una erupción volcánica en función de los peligros y de la evolución de la emergencia. La primera es la zona de emergencia, que comprende las áreas de mayor riesgo, incluidos los núcleos de población afectados y los espacios en los que pueden producirse fenómenos como coladas de lava, emisiones de gases, caída de cenizas o actividad sísmica. La segunda engloba los territorios que sufren las consecuencias indirectas de la erupción, como la contaminación del aire o las interrupciones del suministro de agua, energía y transporte. Por último, las zonas de seguridad, logística y albergue se destinarán a acoger a las personas evacuadas y a coordinar los recursos necesarios para hacer frente a la crisis. Esta delimitación podrá modificarse a medida que evolucione la erupción y se disponga de nueva información científica.

Los planes de protección civil también deberán contemplar medidas de actuación antes, durante y después de una erupción, desde la emisión de alertas y las restricciones de acceso hasta el confinamiento, las evacuaciones, el alojamiento temporal y la asistencia sanitaria. Asimismo, deberán prever el suministro de alimentos y agua, atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables y garantizar la protección de los animales.

En el ámbito de la autoprotección, la directriz recomienda que las familias conozcan los riesgos de su entorno, identifiquen puntos de encuentro y lugares seguros y preparen un equipo de emergencia con documentación, medicamentos, agua, alimentos, una radio, una linterna y mascarillas. También aconseja evitar valles y barrancos durante una emergencia y mantenerse alejados de las zonas de erupción.

La experiencia de La Palma y los riesgos submarinos

La actualización responde, entre otros factores, a la experiencia acumulada durante las últimas erupciones registradas en España, especialmente la del volcán Tajogaite, en La Palma, en 2021. El documento amplía asimismo la planificación a los entornos submarinos. Entre los riesgos que deberán evaluarse figuran las explosiones provocadas por la interacción entre el magma y el agua, los deslizamientos submarinos y la posible generación de tsunamis locales. También se contempla la coordinación necesaria para responder a los peligros que surjan cuando la lava alcance el mar.

La directriz establece criterios comunes para elaborar los planes especiales estatales y autonómicos, así como para coordinar su aplicación con los planes locales. Su finalidad es garantizar que las distintas administraciones puedan actuar de manera conjunta durante una emergencia.

Con esta actualización, el Gobierno busca reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante futuras erupciones, incorporando los avances científicos y una visión integral que abarca desde la vigilancia previa hasta la recuperación posterior. El acuerdo señala que las medidas previstas no supondrán un incremento de las dotaciones, las retribuciones ni otros gastos de personal.