El Tribunal de Cuentas de la UE advierte de que muchas zonas marinas protegidas carecen de protección efectiva

El Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto en duda este lunes que la Unión Europea consiga alcanzar sus objetivos de protección de los ecosistemas marinos para 2030. Actualmente, apenas el 14 % de las aguas comunitarias están catalogadas como espacios protegidos, una proporción considerablemente inferior al 30 % que Bruselas se ha comprometido a preservar antes de que concluya esta década. Además, los auditores advierten de que buena parte de estas zonas no dispone de medidas de conservación suficientemente eficaces, por lo que consideran «improbable» que se cumplan los compromisos medioambientales establecidos.

Las conclusiones aparecen recogidas en un informe elaborado por el organismo fiscalizador europeo, que también señala las importantes carencias existentes en materia de protección estricta. En concreto, menos del 1 % de las aguas de la UE disfruta actualmente de este nivel de conservación, pese a que el objetivo fijado para 2030 establece que debe alcanzar el 10 %.

El documento pone de manifiesto que la clasificación de una zona como protegida no garantiza necesariamente que las actividades humanas desarrolladas en ella estén sometidas a limitaciones. Este problema resulta especialmente evidente en el ámbito pesquero, dado que las restricciones a esta actividad únicamente se aplican en una proporción reducida de los espacios declarados.

«La UE ha hecho algunos avances en la designación de zonas marinas protegidas, pero nuestra auditoría muestra que el verdadero reto es convertir la designación en protección real», ha afirmado Iliana Ivanova, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargada del informe. La responsable ha insistido, además, en la necesidad de acelerar las actuaciones para que los compromisos europeos se traduzcan en mejoras efectivas para los ecosistemas marinos.

Entre las principales deficiencias identificadas figura la ausencia de una normativa homogénea que regule las actividades permitidas dentro de estas áreas. Aunque la legislación comunitaria contempla procedimientos para localizar y declarar espacios de especial interés ambiental, no establece criterios compartidos sobre las restricciones que deben imponerse para preservar sus características naturales.

Como consecuencia, el grado de protección cambia considerablemente de un Estado miembro a otro, e incluso existen diferencias entre espacios integrados en la red Natura 2000. A esta disparidad normativa se añade que la Comisión Europea carece de un mecanismo común para evaluar si las disposiciones aplicadas están consiguiendo los efectos esperados.

La pesca constituye otro de los principales motivos de preocupación para los auditores. Según sus conclusiones, las actividades extractivas y aquellas que deterioran los fondos marinos representan algunas de las amenazas más importantes para la biodiversidad. Sin embargo, establecer limitaciones puede convertirse en un procedimiento que se prolongue durante años cuando las decisiones afectan a flotas pesqueras de varios países comunitarios.

El Tribunal admite que la adopción de estas restricciones exige negociaciones complejas entre los Estados implicados. No obstante, considera imprescindible mejorar la colaboración entre las administraciones para conseguir que los espacios oficialmente protegidos cuenten con disposiciones «concretas y de obligado cumplimiento».

El Mediterráneo y el Atlántico presentan importantes deficiencias

La distribución geográfica de las áreas marinas protegidas también suscita dudas entre los responsables de la auditoría. El informe concluye que estos espacios no configuran una red suficientemente interconectada para favorecer el movimiento de las especies y contribuir a la recuperación de los ecosistemas.

Esta falta de continuidad resulta especialmente preocupante en las aguas profundas y en las regiones marítimas situadas a mayor distancia del litoral, donde las conexiones entre los distintos espacios de conservación presentan importantes carencias.

Los auditores destacan que numerosas zonas protegidas del Mediterráneo y del Atlántico se comportan como «islas ecológicas», debido a su aislamiento respecto de otros espacios similares. En el caso del Mediterráneo, la mayoría de estas áreas están separadas por extensiones superiores a los 100 kilómetros de aguas sometidas a una intensa intervención humana.

Esta situación dificulta tanto los desplazamientos y el intercambio de especies como los procesos de recuperación ambiental. De este modo, la existencia de diferentes zonas protegidas no asegura por sí sola que puedan funcionar conjuntamente para favorecer la conservación de la biodiversidad.

El organismo fiscalizador también identifica problemas relacionados con la disponibilidad de fondos económicos y de personal, dos factores que condicionan la ejecución de los planes destinados a preservar estos entornos naturales. A ello se suma la insuficiencia de los sistemas de vigilancia y seguimiento continuado, necesarios para conocer si las actuaciones emprendidas están mejorando realmente las condiciones ambientales.

En materia presupuestaria, el informe señala que los recursos europeos destinados a la conservación marina se distribuyen a través de diferentes programas comunitarios y presupuestos nacionales. Esta fragmentación complica la identificación de las cantidades efectivamente invertidas en los espacios protegidos y dificulta asegurar una financiación estable que permita mantener las medidas de conservación.

Por otra parte, los auditores consideran que las políticas de protección ambiental no siempre incorporan adecuadamente una evaluación de sus repercusiones económicas y sociales. Esta cuestión afecta especialmente a los pescadores y a las poblaciones costeras, cuyas actividades pueden verse condicionadas por las restricciones establecidas.

Por este motivo, el Tribunal propone reforzar la participación de los sectores implicados en la elaboración de las decisiones y acompañar las actuaciones de conservación de medidas orientadas a disminuir sus posibles consecuencias negativas sobre la actividad económica.

Ante las carencias detectadas, el Tribunal de Cuentas Europeo insta a la Comisión Europea a intensificar su colaboración con los Estados miembros para mejorar la coordinación de las áreas protegidas, acelerar la aprobación de las limitaciones necesarias y desarrollar instrumentos de evaluación compartidos.

El objetivo de estas recomendaciones es que las autoridades europeas puedan comprobar de manera efectiva los resultados de sus políticas de conservación y corregir las deficiencias identificadas. Para ello, los auditores plantean que las mejoras estén implantadas antes de que finalice 2029, con vistas a los compromisos medioambientales que la Unión Europea debe cumplir en 2030.