Este nuevo contexto ha suscitado un notable debate
Multas por usar IPTV: las cuatro formas en que pueden cazarte viendo fútbol ilegalmente
El hecho de utilizar uno de estos servicios sin licencia conlleva consecuencias no solo para los responsables de su difusión, sino también para los usuarios
En las últimas semanas, seguir los partidos de LaLiga a través de servicios IPTV se ha convertido en una práctica cada vez más arriesgada. Desde hace algo más de un mes, la organización que gestiona el campeonato de fútbol profesional en España ha intensificado sus esfuerzos para frenar el acceso ilegal a las retransmisiones, desplegando nuevas herramientas jurídicas.
Aunque desde hace años proliferan páginas web y enlaces que permiten ver encuentros de forma clandestina, la situación ha cambiado con la implicación directa de operadores como Movistar y DAZN, titulares de los derechos de emisión. Ambas empresas cuentan ahora con el amparo normativo suficiente para actuar con mayor contundencia contra quienes distribuyen o consumen contenido sin autorización.
Este nuevo contexto ha suscitado un notable debate. Si bien las emisiones oficiales están reservadas a las mencionadas compañías, estas pueden a su vez ceder licencias a terceros de manera legal.
En ese sentido, el término IPTV no designa por sí mismo una actividad delictiva. Se trata de un protocolo de distribución de señal televisiva por internet que, en caso de operar con los permisos pertinentes, no infringe la ley. La infracción se produce únicamente cuando se emiten contenidos protegidos sin autorización, lo cual puede acarrear sanciones relevantes.
Vías para identificar a los infractores
El hecho de utilizar uno de estos servicios sin licencia conlleva consecuencias no solo para los responsables de su difusión, sino también para los usuarios. En varios países se ha comenzado a perseguir judicialmente a quienes consumen fútbol de forma pirata, y las autoridades pueden identificar a los infractores a través de diferentes vías:
- El rastreo de la dirección IP utilizada para conectarse al servidor.
- Los datos del titular de la línea de internet.
- La ubicación física del servicio contratado.
- La documentación oficial asociada a la conexión.
En España, aunque aún no se han establecido castigos específicos para los consumidores de este tipo de contenido, lo cierto es que la ofensiva jurídica impulsada por LaLiga podría derivar en una modificación del marco normativo, a semejanza de lo ocurrido en otras jurisdicciones europeas, como la italiana, donde los usuarios ya se enfrentan a severas sanciones económicas.