Abandonar en lugar de gestionar la política contra incendios

En los últimos días se ha escrito mucho - y bien - sobre los incendios en España, enumerando causas o soluciones, pero, a pesar de ello, quería aportar mi granito de arena. De acuerdo a las estadísticas de incendios, en los últimos 50 años se han quemado más de 7,5 millones de hectáreas, lo que supone una media de 150.000 hectáreas por año. Entre 1940 y 1995, en España, se reforestaron 4,13 millones de hectáreas, pero ese trabajo ha desparecido de las políticas territoriales. La nueva política es abandonar, en lugar de gestionar, un dolce far niente. Es verdad que no solo se quema monte, pero podemos decir claramente que no solo hemos consumido aquel esfuerzo de reforestación, sino que, a este ritmo, en menos de 50 años la visión de nuestra España verde será muy diferente.

Es evidente que es un problema que viene de lejos y, además, no es exclusivo de nuestro país, no hay nada más que mirar a nuestros vecinos lusos cuya superficie quemada en el presente año (140.000 has.), es casi veinte veces mayor que la del pasado año.

Todos coincidimos en que el abandono rural, la desaparición de la ganadería, las políticas proteccionistas de una administración excesivamente urbana o la prácticamente nula inversión de esta en prevención -que no en extinción- o la descoordinación entre gobierno central, autonómico, municipal o local son las razones que nos han llevado al caos de incendios en el que está sumido nuestro país. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, si estas son las principales causas, ¿por qué no se toman medidas?

Los prados, brañas o tascas han sido engullidos por el monte, fruto del éxodo rural que sufren nuestros pueblos. No hay nada más que visitar cualquier municipio del norte de España para ver que la maleza que antes era limpiada ahora forma parte del propio casco urbano. Cada año la superficie forestal aumenta debido este abandono del mundo rural, pero, por desgracia, no se actúa sobre ella, lo que convierte a nuestros pueblos en potencial combustible para la generación de grandes incendios forestales.

España invierte 600 millones de euros en extinción, y poco más de 80 en prevención

La nula rentabilidad de las explotaciones ganaderas extensivas, sumadas a la presencia del lobo -no nos olvidemos- ha provocado el cierre de miles de explotaciones, que eran las responsables de reducir toda esa biomasa inflamable y creando, de paso, cortafuegos naturales.

España invierte 600 millones de euros en extinción, y poco más de 80 en prevención. Pero el problema no solo radica en que no hay dinero público para prevenir, sino que hemos desarrollado una red de planes de gestión de nuestros espacios naturales protegidos que impiden invertir en prevención a la propiedad privada, dueña de gran parte de nuestros montes. Cortar madera, retirar árboles caídos o talar viejos o secos, hacer entresacas, cortafuegos o charcas, por muy pequeñas que sean, conllevan una burocracia imposible de cumplir por aquellos que realmente quieren aportar soluciones.

Las autoridades tutelan a los dueños de las propiedades privadas como si estos fueran unos irresponsables cuyo único deseo fuese destruir su propio patrimonio. Un ejemplo, el año pasado, durante un gran incendio, un helicóptero recogía agua en una charca construida con ese propósito por el ICONA hace años en un monte consorciado, mientras la Confederación Hidrográfica de turno multaba a los dueños por haberla mantenido, cortando, según aducían, el cauce de un teórico arroyo innominado que nunca ha discurrido. Otro ejemplo, en muchas comunidades autónomas te multan por recoger cuatro piñas caídas (potencial combustible), como si estuvieses robando esas míticas tierras raras por los que todos se pelean. Y, otro más, hace pocos años los incendios en las sierras del norte peninsular se prevenían en invierno quemando piornos inservibles y creando pastizales y zonas despejadas. Hoy, si queremos quemar cuatro palos secos, nos exigen un papeleo y un despliegue de medios absolutamente rocambolesco.

Por todo ello, quizás sea el momento de que la administración deje de mirar a otro lado y se ponga a trabajar, contando para ello con la gente del campo y los ingenieros de montes. Es necesario un nuevo Plan Nacional Forestal, es esencial que se comiencen a ordenar los montes (solo un 20 por ciento lo están), flexibilicemos o redactemos de nuevo muchos de los planes de gestión de los espacios protegidos y se apruebe la libertad de gestión forestal en montes privados. Y, por supuesto, que busque aliados entre agricultores, ganaderos, cazadores…, y los incluya en esos comités asesores que pretenden organizar.

En 2023, en plena ola de incendios, Fundación Artemisan elaboró un decálogo sobre el fuego. Han pasado dos años y todo sigue igual, o peor. Esperemos que todo lo que estamos sufriendo ahora no se olvide en cuanto caigan las primeras aguas.

José Luis López-Schümmer es presidente de Fundación Artemisan