Sangrante silencio del Gobierno con el lobo: expediente de la UE por ocultar datos y un año sin aplicar la ley

Desde junio de 2025, el lobo ya no es una especie «estrictamente protegida» en la Unión Europea (UE) para considerarse únicamente como «protegida».

Esta modificación del estatus del depredador permitía a los Estados miembro decidir de manera autónoma cómo gestionar sus poblaciones locales de lobos. En España, el cambio llegaba poco después de que el Senado aprobara una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario impulsada por el PP y respaldada por Vox, PNV y Junts que introducía una variación para que, sin sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), se pudiera cazar al norte del río Duero, tal y como sucedía antes de la consideración otorgada en 2021.

Este trascendental giro se presentaba como la antesala para ampliar la gestión a todo el país, de modo que, cuando el Consejo de la UE aprobase la modificación de la Directiva Hábitats, cada Gobierno sería libre de aplicar la disposición transitoria única que –en el caso de España– permite la salida del Lespre en todo el territorio nacional mientras se mantenga un estado de conservación favorable.

El Congreso dio el visto bueno a rebajar la protección del can el 20 de marzo de 2025, mientras que la Directiva Hábitats se modificó en junio de ese mismo año, momento en el que se hacía viable aplicar la disposición mencionada.

Este hecho celebrado como una gran victoria en las explotaciones ganaderas situadas al sur del río Duero como continúa sin materializarse. El lobo sigue sin ser cinegético en provincias como Ávila, Salamanca o Segovia, que en 2024 sufrieron el 60 % de ataques mortales a reses en Castilla y León –2.387 de 3.973 en toda la región–, y el bloqueo del Ejecutivo a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mantiene indefensos a los agrarios casi un año después.

El Ministerio encabezado por Sara Aagesen acumula más de seis meses de retraso en el envío del informe sexenal obligatorio sobre el estado de conservación del lobo, motivo por el que la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España.

Esta dejadez ha provocado que Asaja haya enviado una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por su actuación en relación con el incumplimiento del Gobierno español.

«Dadas las reiteradas faltas de rigor y transparencia del Ministerio español respecto a los datos de las especies protegidas, especialmente el lobo, la Comisión Europea debe emprender cuantas acciones sean necesarias para proteger a los ganaderos españoles. Los ataques al ganado cada vez son mayores y los ganaderos no encuentran respuesta en el Gobierno de España», indica la organización profesional agraria en el texto remitido al Defensor del Pueblo Europeo.

Los partidos que promueven el control poblacional del lobo en todo el país han condenado durante estos meses las maniobras del Ministerio para impedir el objetivo de los ganaderos. El Gobierno de Pedro Sánchez pidió un aplazamiento para la remisión del informe sexenal –que todavía sigue sin entregar– e incluso aprovechó los incendios de agosto para excusar su retraso en el posible impacto del fuego, dejando entrever que podía haber muerto una importante cantidad de animales.

Otra de las artimañas denunciadas desde las explotaciones ha sido el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para evitar la aplicación de la disposición transitoria que saca al depredador del régimen de protección especial. 278 solicitudes bastaron para que el que fuera candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid se aferrara a esta plan que, a juicio de los ganaderos, forma parte de la estrategia para que, casi un año después, el Gobierno continúe sin aplicar la normativa la disposición transitoria única que forzaría la salida del Lespre en toda España.