Trabajar con un tractor cuesta 240 euros más al mes que en diciembre: un 25 % son impuestos

La escalada bélica en Oriente Medio ya sacude al campo español. La incertidumbre mundial generada tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reventado el tablero geopolítico y sus efectos repercuten en la cuenta de resultados de agricultores y ganaderos nacionales.

La consecuencia más evidente, a tenor de la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz –por donde pasa el 20 % del petróleo mundial–, se refleja en el precio del gasoil agrícola. El alza del petróleo se ha trasladado al gasóleo B, esencial en cualquier explotación agraria, de manera prácticamente inmediata e incluso anticipada según lamentan desde las producciones.

Una hora de trabajo en un tractor estándar de 100 CV requiere la utilización de unos 15 litros de gasoil, lo que según el Índice de Precios de la Energía en el Sector Agrario y Pesquero del 29 de diciembre de 2025 –que fijaba entonces el precio medio del carburante en 1,077 euros por litros en España– se traducía entonces en 16,155 euros por hora, que en una jornada laboral de siete horas asciende hasta los 113,085 euros diarios. Poco más de dos meses después y tras cuatro días de guerra en Irán, esta cuenta rompe por encima de los 124 euros por siete horas de trabajo únicamente en combustible, con un coste de 17,73 euros por hora.

La diferencia de más de 11 euros al día implica un coste añadido de 242,55 euros mensuales –si se usa 22 días– en comparación con los costes fijos de los últimos días de 2025. Los incremento se registran también en otros insumos básicos como los fertilizantes o la energía eléctrica, por lo que la rentabilidad de las explotaciones más susceptibles a estas oscilaciones, las de tipología familiar, advierten un impacto considerable por la crisis en el Golfo Pérsico.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, señala en conversación con El Debate que estas subidas son desproporcionadas, ya que pese a no haber transcurrido una semana desde el inicio del enfrentamiento la ola inflacionaria erosiona el bolsillo de los ciudadanos: «El aumento de precios no está justificado, hay un problema de especulación. Los contratos de suministro de gasóleo agrícola, gas industrial y fertilizantes no funcionan en tiempo real. Las grandes distribuidoras y fabricantes trabajan con coberturas, contratos a plazo y stocks comprados semanas o meses antes de la entrega».

El dirigente de COAG advierte que la organización profesional agraria trabaja en un intenso proceso de recopilación de información para vigilar encarecimientos infundados o prematuros: «No puede ser que suban los fertilizantes hoy cuando todavía no ha habido un impacto real por el conflicto en Irán, eso se llama especulación. El gas que se usa hoy para fabricar urea en una planta europea ya estaba contratado y el gasóleo que llegará esta semana a las cooperativas fue comprado cuando el barril estaba en otro precio».

Cerca de un 25 % de la configuración de la factura del gasoil agrícola corresponden a impuestos, vía que los agrarios prometen explotar en caso de que continúen los fuertes ascensos en el precio del carburante. «No podemos consentir volver a una situación como la de 2022 con la invasión de Ucrania, cuando se duplicaron los costes fijos en el campo. Estamos expectantes, pero si estas subidas continúan vamos a exigir rebajas fiscales y aumento de estas bonificaciones», apunta Padilla.

El Estado devuelve a los agricultores y ganaderos inscritos en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores 63,71 euros por cada 1.000 litros del combustible, cifra que se antoja escasa en caso de que persista el empuje del gasóleo B. «El gasoil agrícola, los fertilizantes, los piensos, la energía... Parece que es poco, pero son muchas cosas que se utilizan a diario y que se comen los beneficios de las explotaciones familiares, que van justas. Las repercusiones son muy fuertes», asevera el portavoz de COAG.