Conejo
La desesperación por la plaga de conejos les lleva al Defensor del Pueblo: «Es catastrófico»
Los afectados condenan la inacción de las instituciones y, particularmente, la incongruencia en su discurso
El avance descontrolado de la población de conejos hace estragos en los cultivos. La situación es especialmente sangrante en Castilla-La Mancha, donde la emergencia cinegética se extiende prácticamente por todo el territorio.
Uno de los lugares más sacudidos por este desequilibrio que permite a los conejos reproducirse en los márgenes de las infraestructuras de transporte sin depredadores ni cazadores cerca es Horcajo de Santiago, un pequeño municipio de Cuenca que ha recurrido al Defensor del Pueblo por un perjuicio crónico en su campo que consideran «catastrófico».
El Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, las tres cooperativas del municipio y la Junta de Propietarios local ha presentado su reclamación de manera conjunta al Defensor del Pueblo ante la ineficacia de las medidas tomadas hasta el momento.
María Roldán, alcaldesa de Horcajo de Santiago, ha indicado en un comunicado que se trata de un «gravísimo problema social» para la comarca, que arrastra desde hace daños la pérdida sistemática de las cosechas por el «avance incontrolado de esta plaga».
Los afectados condenan la inacción de las instituciones y, particularmente, la incongruencia en su discurso, ya que pese a pronunciarse públicamente en favor de la España vaciada y contra la sangría de la despoblación en los núcleos rurales, consideran que no actúan en consecuencia.
La queja apunta a la imposibilidad de gestionar estas poblaciones en carreteras, vías pecuarias, autovías y líneas férreas, consideradas como zona de seguridad y convertidas en el mejor cobijo para los conejos, que aprovechan estos refugios para reproducirse y mantenerse a salvo tanto de depredadores como de cazadores.
La vía tomada por el Ayuntamiento de Horcajo, las tres cooperativas del municipio y la Junta de Propietarios local estudia además interponer una acción colectiva frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para exigir daños y compensaciones económicas por las pocas medidas adoptadas y las cuantiosas pérdidas de renta de los agricultores.
