Lobo ibérico en España
Portazo de la Justicia al recurso de los ecologistas: Asturias mantiene el cupo de extracción de 67 lobos
La resolución alude al marco normativo vigente y sostiene que los controles poblacionales se fundamentan en criterios técnicos y censos científicos dirigidos a compatibilizar la preservación de la fauna con la actividad rural
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso de reposición interpuesto por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica contra el plan autonómico de gestión de la especie.
Según apunta COAG Asturias, personada en la causa como parte codemandada, se, mantiene la plena vigencia del Decreto 48/2026, regulador del II Plan de Gestión del Lobo, así como del Programa de actuaciones 2026/2027, que prevé la extracción controlada de 67 ejemplares.
El auto judicial, fechado a 10 de noviembre y contra el que ya no cabe recurso ordinario alguno, ratifica el criterio adoptado por el tribunal el pasado 13 de octubre y rechaza la suspensión cautelar solicitada por los colectivos ecologistas.
La organización agraria ha valorado el pronunciamiento al entender que la Sala asume sus tesis jurídicas, señalando que la resolución de medidas cautelares exige ponderar todos los intereses en conflicto, entre ellos la viabilidad de las explotaciones ganaderas. Asimismo, la resolución alude al marco normativo vigente y sostiene que los controles poblacionales se fundamentan en criterios técnicos y censos científicos dirigidos a compatibilizar la preservación de la fauna con la actividad rural.
Los informes presentados por Fundación Artemisan, la Administración asturiana y el resto de entidades personadas han sido claves para mantener el cupo de extracción de 67 ejemplares marcado. En su negativa a la cautelar, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias señaló que los grupos ecologistas no han aportado datos suficientes para justificar la suspensión cautelar del programa. La Justicia recalcó que la suspensión de disposiciones generales «constituye una medida excepcional y que existe un interés público en la aplicación de las normas administrativas vigentes».
COAG ha calificado la decisión como un paso clave para aportar certidumbre al campo asturiano y ha instado a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria a ejecutar el programa de actuaciones con el fin de contener los daños al ganado derivados de la presencia de la especie en la comunidad.
