Un tractor en España
El TJUE echa para atrás la sentencia que obligaba a la UE a pagar a España 10 millones en fondos agrícolas
Se refiera a una multa que impuso Bruselas a España por no cumplir las normas de controles medioambientales en Castilla y León entre 2016 y 2017
En el año 2022, la Comisión Europea excluyó de la financiación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) gastos efectuados por España por valor de 9,967 millones de euros, puesto que había detectado deficiencias en los controles en Castilla y León durante los años 2016 y 2017.
En 2024, el Tribunal General de la UE (TGUE) apoyó los argumentos de España, que refutaba la conclusión del Ejecutivo comunitario de que los controles efectuados para garantizar la protección de especies de flora silvestre no eran conformes con las normas comunitarias.
En consecuencia, la corte anuló la decisión de la Comisión en su totalidad, dado que esta había basado la corrección financiera en esta falta de control y en una infracción derivada de que los informes de control de condicionalidad no incluían la firma de los beneficiarios.
Pero la Comisión Europea recurrió esa sentencia del TGUE y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le ha dado la razón a la Comisión, por lo que no tendrá que entregar esos 9,967 millones de euros.
La máxima instancia judicial de la UE señala ahora que existe una «duda seria y razonable en cuanto a los controles efectuados por las autoridades españolas» y que «en esas circunstancias, correspondía a España demostrar que las apreciaciones de la Comisión eran inexactas».
Asegura que el TGUE «no tuvo correctamente en cuenta» que «si un Estado miembro no aplica las disposiciones de una directiva en su Derecho nacional para definir las exigencias que recaen sobre los agricultores», no significa que «vaya a quedar exento de su obligación de llevar a cabo los controles de condicionalidad exigidos».
El TJUE precisa que el Tribunal General tampoco estimó que, al no estar definidas medidas de conservación en Castilla y León, «las exigencias impuestas a los agricultores no estaban determinadas de manera lo suficientemente precisa como para que las autoridades españolas pudieran controlar efectivamente su cumplimiento».
Eso sí, el TJUE recuerda que esta sentencia no resuelve el litigio, sino que devuelve el asunto al Tribunal General «para que se pronuncie respecto a las alegaciones de España que no examinó en su sentencia».
