La Ley del Espacio despega tarde: el Gobierno promete limpiar la órbita tras dos años de silencio

El anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales pretende establecer un marco normativo que organice de forma sistemática las actividades espaciales bajo jurisdicción española. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, fija como objetivos garantizar la seguridad jurídica, cumplir compromisos internacionales, ordenar el sector espacial y proyectar a España como un actor competitivo y responsable en el ámbito espacial del siglo XXI.

Entre sus principales ejes se encuentra la creación de un régimen de autorizaciones para llevar a cabo actividades espaciales. Actualmente, quienes desean lanzar satélites o establecer infraestructuras orbitales carecen de un procedimiento claro que unifique criterios técnicos, financieros y de seguridad. Esta situación puede disuadir inversiones, generar incertidumbre entre los operadores y dificultar el cumplimiento de compromisos internacionales.

La futura ley reforzará la obligatoriedad de disponer de autorizaciones específicas, emitidas por una autoridad nacional designada, como la Agencia Espacial Española. Estas autorizaciones deberán incluir criterios de seguridad, resiliencia y sostenibilidad, además de incorporar exigencias relacionadas con planes de emergencia, ciberprotección y vigilancia del tráfico espacial.

Otro aspecto relevante es el tratamiento de los residuos orbitales. El texto propone medidas para evitar la acumulación de desechos espaciales que comprometen la viabilidad de futuras misiones. Asimismo, se contemplan principios para garantizar un diseño, operación y retirada responsables de los objetos espaciales. En esta línea, se promoverá también la protección del medio ambiente terrestre y la preservación del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica.

El anteproyecto recuerda que los tratados internacionales atribuyen a los Estados la responsabilidad sobre los objetos espaciales registrados bajo su jurisdicción. Sin embargo, España aún no ha regulado de forma específica la exigencia de seguros o garantías financieras a los operadores. La ley corregirá este vacío, estableciendo requisitos financieros proporcionales a la actividad, para evitar que el erario público asuma riesgos no justificados.

Asimismo, se prevé actualizar el Registro Español de Objetos Espaciales, creado en 1995, y asignar su gestión a la Agencia Espacial Española. El texto destaca que la industria espacial nacional necesita un marco jurídico sólido que estimule la innovación, la colaboración público-privada y la captación de capital. Esta normativa busca impulsar también la formación de talento especializado y fortalecer las sinergias entre los ámbitos civil y militar.

Por último, la ley hace referencia al desarrollo de espaciopuertos y otras infraestructuras espaciales. Ante el creciente interés por establecer instalaciones de lanzamiento, se subraya la necesidad de normas específicas que aporten seguridad jurídica a inversores y administraciones. Según el texto, esta legislación contribuirá a consolidar un sector espacial competitivo, seguro y alineado con los intereses estratégicos del país.

Ley que llegaría años después de ser anunciada

A pesar de los autoelogios de la ministra de Ciencia, Diana Morant, hacia este texto, la realidad es que se trata de una de las leyes más estancadas de la actual legislatura. El primer anuncio formal de una futura Ley del Espacio en España tuvo lugar el 21 de noviembre de 2023, cuando la ministra declaró que la creación de esta normativa sería una prioridad para el Gobierno.