Suspenden el juicio de Silvia Intxaurrondo contra RTVE por su cambio de contrato

La mañana de este jueves ha tenido una ausencia clamorosa en las pantallas de TVE: Álex Barreiro asumía en solitario las riendas de La Hora de La 1 mientras su presentadora, Silvia Intxaurrondo, cambiaba los focos del plató por los Juzgados de lo Social de Madrid.

Aunque su presencia física no era un requisito obligatorio para la vista, la periodista había optado por acudir en persona -acompañada por dos testigos de su anterior etapa profesional- para defender una demanda que ha levantado ampollas tanto en la cúpula de la corporación pública como entre los sindicatos de la casa. Sin embargo, como explica El Mundo, la vista se ha suspendido finalmente por enfermedad del juez y aún no se conoce la nueva fecha del juicio.

El litigio representa un pulso sin precedentes en la televisión en España, donde la comunicadora se juega el todo o nada: conseguir que la justicia obligue a RTVE a mantener sus antiguas condiciones económicas o resignarse a ser, a efectos salariales y contractuales, una trabajadora más de la plantilla, perdiendo por el camino una gran suma de dinero.

El origen de este choque de trenes se remonta a la transformación de La Hora de La 1 en un espacio de producción propia, momento en el que RTVE blindó la continuidad de Intxaurrondo mediante un jugoso contrato mercantil a través de Sukun Comunicación S.L., una sociedad administrada por su marido. Bajo este paraguas empresarial, según El Mundo, la periodista se garantizó unos ingresos anuales máximos de 269.757 euros, desglosados en 182.000 euros por las labores de codirección y otros 87.757 euros específicos por su rol de presentadora, una cifra que incluía además prebendas exclusivas como un servicio de chófer privado para sus traslados diarios. Sin embargo, el idílico acuerdo saltó por los aires la pasada primavera tras una denuncia anónima que desencadenó una inspección del Ministerio de Trabajo.

Los inspectores determinaron que esta estructura jurídica encubría una situación de «falsa autónoma», ya que Intxaurrondo operaba con horarios, funciones y directrices totalmente integradas en la dinámica interna de la cadena, obligando a la cadena pública a regularizar de inmediato su situación en la Seguridad Social como persona física.

Al verse forzada a cumplir la legalidad para evitar una sanción histórica, la televisión estatal ofreció a la comunicadora un contrato como personal no fijo supeditado al III Convenio Colectivo de la corporación, el mismo marco regulador que rige para otros presentadores de TVE.

El problema insalvable radicó en que las tablas salariales públicas de la entidad son incompatibles con los sueldos galácticos del sector privado: incluso en el escalafón más alto del convenio (Grupo II, Nivel A33), el salario base ronda los 3.278 euros mensuales, lo que equivale a poco más de 45.000 euros anuales que, sumados a complementos de disponibilidad o pluses familiares, quedan a años luz de los casi 270.000 euros originales. Ante la imposibilidad legal de encajar semejantes bonus y privilegios en el marco funcionarial de la casa, y tras fracasar las negociaciones privadas, Intxaurrondo se negó a firmar la conformidad de su nuevo contrato en septiembre y optó por la vía judicial, bajo el argumento de que a iguales funciones en el programa le debe corresponder idéntica retribución económica.

El contraataque judicial de Silvia Intxaurrondo ha provocado un terremoto interno en la televisión pública. Sindicatos como USO critican que la periodista reclame mantener un sueldo superior a 250.000 euros dentro de una relación laboral ordinaria, al considerar que supone un agravio comparativo frente al resto de trabajadores de la corporación pública. La resolución podría marcar un antes y un después en los contratos de las estrellas del ente público, mientras crecen los rumores sobre una posible salida de la presentadora si el fallo no le favorece.