La rehabilitación de Pemán, una sentencia que cuestiona el relato oficial de la memoria histórica

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha devuelto al escritor José María Pemán el honor que en diciembre de 2021 le arrebató el entonces alcalde de Cádiz, José María González, «el Kichi», con la ayuda del PSOE. El título de Hijo Predilecto de la ciudad, una distinción que ha recuperado gracias a una sentencia que abre la puerta a la recuperación de otros reconocimientos que tuvo por su valía cultural.

La enmienda pone encima de la mesa la realidad de una ley de memoria histórica (2007), sustituida en 2022 por la de Memoria Democrática, que no ejerce el objetivo para el que apareció a nivel internacional: fomentar la cohesión y la solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los principios y valores de la democracia. Por el contrario, la ley responde al modelo que fue impuesto en las repúblicas populares de la Europa del Este, dando una interpretación política oficial que no puede ser contestada desde otras opciones políticas.

La controvertida Ley de Memoria elimina las constituciones de 1837, 1845 y 1876 de su texto por contar con el consenso de los liberales conservadores, lo que ayuda a excluir de la tradición democrática a aquellos que procedan del ámbito de la derecha. Niega en su texto el papel de la Transición, al reconocer únicamente los principios democráticos a quienes militaron o se formaron en el PCE y sus escisiones, quienes lucharon por imponer un régimen totalitario ajeno a las tradiciones democráticas.

La aplicación de la ley de memoria sepulta, bajo el peso de la represión, la investigación sobre la realidad de la II República: la propia radicalidad revolucionaria de los socialistas, materializada en la frustrada revolución de 1934; la aplicación de la Ley de Defensa de la República, que censuró y cerró en numerosas ocasiones a los medios de prensa ligados a la derecha; o las elecciones de febrero de 1936, controvertidas por sus irregularidades, como bien fue demostrado recientemente por el estudio de Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío, 1936. Fraude y violencia en la victoria del Frente Popular, que con esta ley no hubiese podido ser investigado.

En el campo de la Guerra Civil, que por sus naturales características provocó represiones en ambas retaguardias, solo pueden ser estudiadas las víctimas del bando vencedor, excluyendo las matanzas sistemáticas llevadas a cabo por las checas de los partidos del Frente Popular y del PNV; los asesinatos masivos de Paracuellos; en los navíos prisión; en la mina de Camuñas (Toledo); en los trenes procedentes de Jaén; o en los desfiladeros del Pirineo leridano. Del mismo modo, tampoco puede estudiarse la incitación al odio contra el «moro» en la propaganda de los frentepopulistas, por su vinculación a las unidades de regulares y de la Mehal-la Jalifiana. Tampoco es posible estudiar la represión republicana contra los combatientes no comunistas, como anarquistas o trotskistas, depurados en la retaguardia.

En cuanto al largo periodo del franquismo, la ley del silencio se impone y la ley de memoria es usada para eliminar toda prueba que ayude a documentar la realidad histórica y favorezca la desaparición de miles de protagonistas de nuestra historia que vivieron en aquel periodo, participando en los ámbitos de la cultura, el deporte, la política o el campo científico, para poder imponer una versión oficial falseada y maleada al gusto de un discurso político, como se hizo entre 1945 y 1989 en los países del oriente europeo, donde expresar la autoría soviética de las matanzas de Katyn, por poner un ejemplo, era castigado con años de cárcel. La aplicación de la ley de Memoria en España, como bien ha demostrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, atenta claramente contra el espíritu que el Parlamento Europeo planteó al condenar los crímenes totalitarios. La resolución del Parlamento Europeo consideró que «deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa, con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria».

En el caso de la Ley de Memoria Democrática, es un organismo coercitivo contra la sociedad y los profesionales de la historia. Entre sus consecuencias está la pervivencia de una única versión histórica, que responde al discurso político que defendía un proyecto revolucionario similar al que se aplicó de manera totalitaria en el este europeo, cuyo objetivo es la eliminación del sentido crítico de una sociedad plural y madura, como es la española, reflejo de su vida democrática en sus últimas cuatro décadas, que se ve cercenado de golpe por el miedo a los veredictos de una comisión totalitaria de la verdad. Un proyecto que se iguala a los que fueron aprobados e instaurados bajo las fuerzas de ocupación soviéticas en la mitad de Europa y va en contra del espíritu de la Declaración de Praga sobre la conciencia europea y el comunismo, firmada el 3 de junio de 2008 por destacados políticos europeos, ex presos políticos e historiadores, donde se pidió «la condena y la educación en toda Europa sobre los crímenes del comunismo».

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha devuelto su honor al escritor José María Pemán y la libertad a la sociedad.