Ceuta: cuando el Estado deja de proteger

Lo ocurrido en Ceuta —la entrada masiva y descontrolada de personas a través de la frontera, ante la pasividad de las fuerzas del orden— no debe leerse como un incidente aislado, sino como la manifestación visible de algo más profundo: la incapacidad, o la falta de voluntad, del Estado para cumplir dos de sus funciones más elementales. La primera es el control de las fronteras, que no es un asunto meramente administrativo, sino la expresión misma de la soberanía: un Estado que no controla quién entra y quién sale de su territorio renuncia, en esa misma medida, a una parte esencial de su legitimidad y de su capacidad para garantizar un orden jurídico. La segunda es la protección de los nacionales, obligación primaria que no admite suspensión ni delegación.

Existen indicios suficientes para pensar que lo sucedido responde, cuando menos, a un comportamiento negligente por parte del Gobierno. Este diagnóstico ya ha sido señalado por numerosos analistas. Pero conviene ir un paso más allá y preguntarse por qué ese comportamiento resulta posible, incluso plausible, en el marco institucional actual. La respuesta no es coyuntural: responde a un determinado modo de entender la política y el derecho que se ha ido asentando en las últimas décadas.

Una comprensión individualista de los derechos

En todo Occidente es hoy mayoritaria una tendencia que concibe los derechos fundamentales como espacios de pura autonomía individual, que debe maximizarse sin atender a sus consecuencias sociales. Autonomía que debe garantizarse no solo a los nacionales, sino también a los extranjeros, antes de que se integren en la comunidad política, e incluso cuando no tienen voluntad de integrarse o pretenden alterar el orden de la comunidad.

Se trata de un entendimiento radicalmente individualista de los derechos, desconectado del bien común, en el que el Estado aparece siempre como el potencial vulnerador. Bajo este prisma, la tarea del derecho constitucional consistiría, ante todo, en poner límites al poder para que este no invada la esfera privada de cada individuo.

Este planteamiento no carece de fundamento histórico: el constitucionalismo liberal nació precisamente como reacción frente al poder arbitrario. Pero llevado a su extremo, olvida que los derechos de libertad no pueden agotarse en la autonomía individual ni encontrar en el Estado solo a su adversario. Si así fuera, esos derechos no podrían ofrecer el fundamento del orden político, sino que abrirían la puerta a la anarquía. Un derecho que se entiende exclusivamente como frontera frente al Estado, sin ninguna referencia a la convivencia y al orden que la hace posible, deja de ser un principio articulador de la vida en común para convertirse en una pura pretensión privada, indiferente a sus efectos sobre los demás.

Seguridad como derecho primario

El Estado debe actuar para proteger la seguridad de sus nacionales. Este es un derecho primario que condiciona y limita los derechos de los extranjeros, muy especialmente los de quienes, con total desprecio del orden jurídico, entran ilegalmente en el territorio nacional. Conviene no perder de vista una obviedad que suele diluirse en el debate: los agresores tienen derechos, pero también los tienen las víctimas. Un sistema jurídico que solo atiende a los derechos de unos y olvida los de otros no es neutral: está tomando partido, y lo hace precisamente contra quienes tiene el deber primero de proteger.

De aquí se sigue que la seguridad no es un asunto meramente policial o técnico, sino una responsabilidad permanente del Estado, que no se agota en un momento puntual ni se satisface con la mera existencia de normas. El Estado debe dictar leyes, sin duda, pero también aplicarlas y ponerlas en práctica. Una legislación que no se ejecuta, o que se ejecuta de forma selectiva o débil, equivale en la práctica a la ausencia de ley.

El Estado no puede ser espectador de la violencia privada

Uno de los principios más antiguos y sólidos del Estado de derecho es que el Estado no puede favorecer ni incitar, ni siquiera por omisión, los abusos entre particulares. Un repliegue de la policía ante la violencia privada —sea esta protagonizada por bandas organizadas, por grupos que fuerzan un paso fronterizo o por cualquier otro agente no estatal— lesiona doblemente al Estado de derecho: en su juridicidad, porque deja de aplicar el derecho que él mismo ha dictado, y en su estatalidad, porque esta descansa precisamente en el monopolio legítimo de la fuerza. Un Estado que cede ese monopolio, aunque sea de facto y de manera puntual, deja de ser plenamente Estado en ese espacio y en ese momento.

El problema se agrava cuando esa inactividad no es puntual, sino duradera, y priva de protección al agredido de forma prolongada. Las consecuencias entonces no son solo la lesión inmediata sufrida por las víctimas concretas, sino un daño de mayor calado: la pérdida de confianza en la seguridad pública, el miedo instalado entre los ciudadanos y, en última instancia, el debilitamiento de la autoridad del Estado como garante del orden. Un Estado que no protege enseña a sus ciudadanos, con cada episodio de inacción, que no pueden confiar en él.

Dos imágenes del enemigo

Existe la tentación de pensar que el Estado de derecho solo puede pervertirse por exceso: por represión, por autoritarismo, por invasión de las libertades. Esa es, sin duda, una de sus amenazas históricas más conocidas: el despotismo. Pero no es la única. El Estado de derecho también se traiciona a sí mismo cuando priva a sus ciudadanos de seguridad, cuando renuncia a hacer cumplir sus propias leyes, cuando mira hacia otro lado ante la violación sistemática del orden jurídico que él mismo ha establecido. El Estado de derecho no tiene una sola imagen del enemigo, sino dos: el despotismo y la debilidad. Y de las dos, la segunda es hoy, en muchos contextos, la menos advertida y quizá la más extendida.

Lo sucedido en Ceuta no puede entenderse aisladamente de este trasfondo. Un Gobierno que concibe los derechos como pura autonomía individual desligada del bien común, y que asume que su papel es siempre el de limitarse a sí mismo antes que el de proteger a sus ciudadanos, encuentra en la pasividad ante el desorden fronterizo una consecuencia casi natural. Recuperar la función protectora del Estado —sin caer por ello en el despotismo— exige recuperar también una comprensión de los derechos que no los aísle del orden político que los hace posibles: un orden que solo el Estado, ejerciendo con firmeza su soberanía y su monopolio legítimo de la fuerza, puede garantizar.