El Gobierno aprueba un decreto ley acelerado y caótico subido a la ola de Maricarmen

Este miércoles se cumple el plazo que la Constitución da al Ejecutivo para llevar los Presupuestos al Parlamento, según estipula el artículo 134.3: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Ya son cuatro años los que lleva el Gobierno en rebeldía constitucional. Pero Carlos Cuerpo despachó ayer el asunto con un escueto «vendrán». Según el vicepresidente primero, en las últimas semanas han tenido muchas «materias urgentes» que atender como para ocuparse de las cuentas públicas.

La evasiva del también ministro de Economía se produjo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que el PSOE y Sumar aprobaron dos reales decretos leyes sobre vivienda: el decreto Maricarmen, con la prohibición de los desahucios a los colectivos vulnerables hasta 2030, la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028 y concesiones a Junts para que apoye la norma; y un segundo decreto con la renovación automática de los alquileres (que obliga al arrendador a acreditar una causa justificada para no renovar a su inquilino) abocado a su derogación en el Pleno extraordinario de este viernes.

Pedro Sánchez ha hecho de la necesidad virtud, una vez más. El Gobierno se ha movido rápido en las últimas horas para que un decreto ley de medidas urgentes parezca el mayor éxito de la legislatura, con permiso de la ley de amnistía. Cuando en realidad se trata de una norma pactada en medio del shock provocado por el desahucio de una anciana de 87 años, con concesiones a las derechas independentistas catalana y vasca (sobre todo por la vía de las rebajas fiscales para propietarios) y que contiene medidas que serán convalidadas al cuarto intento. Porque, en lo que va de año, el Ejecutivo ya había llevado dos veces al Congreso la moratoria antidesahucios y otra más la prórroga de los alquileres, y los tres textos cayeron derrotados.

Los socialistas respiraban ayer optimismo. Con el decreto Maricarmen pretende esconder el fracaso de sus políticas de vivienda de los últimos ocho años, durante los que el precio medio de los alquileres ha subido un 40 % en España. Y también su incapacidad para aprobar unas cuentas públicas durante los últimos cuatro años. Toda una legislatura en blanco.

«Este acuerdo es de mucha relevancia social y también política, porque se reconstruye también una mayoría en el Parlamento», resumió la ministra de Vivienda. En la rueda de prensa de este martes, Isabel Rodríguez no pudo responder a varias preguntas de los periodistas porque le faltaban partes de la versión definitiva de los decretos ley. Hasta ese punto fue acelerada la mañana en la Moncloa, donde la reunión del Consejo de Ministros empezó con una hora de retraso por el tira y afloja final, que ganó el PSOE: fueron los socialistas los que impusieron a Sumar que la renovación de los alquileres fuera aparte, para no poner en riesgo el decreto primigenio. Los cinco ministros de Sumar comparecieron por su parte, en el Ministerio de Trabajo. Dos decretos, dos ruedas de prensa, dos votaciones en el Congreso.

En efecto, el Gobierno considera que el decreto Maricarmen servirá para un doble objetivo: resucitar la mayoría de investidura y aislar al PP y a Vox, situándolos junto a los «rentistas» y los fondos buitres. Sobre lo primero, precisamente ahora se cumple un año desde que Junts bloqueó la legislatura por los incumplimientos de Sánchez. Y sí, todo apunta a que los de Carles Puigdemont votarán a favor de la convalidación de la norma en el Pleno de este viernes, pero ello no quiere decir que Junts vaya a volver al redil de Sánchez.

Sobre lo segundo, por la tarde el presidente colgó un vídeo en sus redes sociales felicitándose por los decretos y atacando a la oposición: «Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos (…). Del PP y Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, la indefensión para los inquilinos y la sumisión ante los fondos buitre». En la Moncloa, su ministra de Vivienda apeló a los votantes del PP: «Les tengo que decir que este Gobierno piensa en ellos. Cuando desahucian, no te piden el carné de partido. Cuando un fondo buitre compra tu edificio y te pone de patitas en la calle, no pregunta a quién votas». Y en el Senado, su ministro de Justicia remató: «Injusticia es que el PP vote contra la moratoria de desahucios y dejar en la calle a Maricarmen». Obviando que ha sido un ayuntamiento del PP, el de Madrid, el que ha mediado con Urbagestión para que la anciana pueda volver a la casa del barrio de Retiro cuando salga del hospital.