Unos presupuestos basados en falsedades
No merece la pena detenerse en las cifras del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Está basado en el mismo cuadro macroeconómico que se presentó en abril pasado, cuando ya es obvio que está totalmente desfasado (un ejemplo: supone para 2022 un precio medio para el barril de petróleo Brent de USD 58, cuando ahora vale unos USD 80). Además, este proyecto es apenas un garabato de lo que aprobará el Congreso, tras las cesiones que se harán a los diversos partidos separatistas. Sin embargo, su análisis es revelador de la ideología estatizante, colectivista y contraria a la libertad individual que anima a este gobierno.
La presentación del proyecto está hecha para que no se entienda. Por caso, prevé un gasto máximo histórico en muchas partidas y, al mismo tiempo, se jacta de no aumentar el techo de gasto (cosa que se explica porque ese techo no incluye, por ejemplo, los gastos financiados por transferencias de la UE o los pagos de intereses). El proyecto contiene mentiras descaradas. Se lee en la nota de prensa que bajará el pago de intereses “por la reducción de la deuda y del déficit”. La verdad es que la deuda pública, según los mismos datos del proyecto, subirá en 2022 en otros 65.700 millones de euros (unos 265 millones por cada día laborable o más de 4.000 euros por cada trabajador del sector privado). Si el proyecto se atreve a imaginar una bajada del pago de intereses es porque asume que el bono a 10 años del gobierno tendrá una rentabilidad media de 0,1%; ahora es de 0,45%.
El gobierno oculta una verdad elemental: que no es capaz de dar nada que antes no haya quitado a la misma sociedad a la que dice querer beneficiar. El cheque-cultura, el cheque-alquiler y muchos otros supuestos beneficios se pagarán con los 6.500 millones más que se recaudarán de IVA. Esto evidencia la tendencia al engaño del actual gobierno: mientras difunde los 400 millones de euros extra que se quitarán a las mil mayores empresas, se oculta que el incremento de la recaudación de IVA, que pagan las familias, es 16 veces mayor.
El proyecto anticipa una mayor intervención del gobierno en la economía, eligiendo qué sectores apoya y cuáles no. Eso siempre implica aleja la asignación de recursos de la que habría surgido de la libre elección de los consumidores. Y por lo tanto implica alcanzar menos empleo y actividad económica de los que se podrían alcanzar con los recursos disponibles.
Basado en el mito keynesiano del “multiplicador” (que dice que un euro de gasto público genera más de un euro de gasto en toda la economía), el gobierno se arroga la capacidad de reactivar la economía. Si esa capacidad fuera real, no habría recesiones: bastaría con que el gobierno aumentara el gasto para superarlas. La idea del “multiplicador” no puede funcionar por aquello mismo de que el gobierno no puede gastar lo que antes no ha confiscado. El espejismo ocurre porque lo que gasta el gobierno se ve (carreteras, subsidios, etc.), pero no se ven los empleos y actividades que se destruyen por el menor consumo y la menor inversión por haber incautado más recursos al sector privado.
No es solo un problema económico. Al quitar a unos para dar a otros, aumenta el poder del estado (con minúscula, excepto que también escribamos individuo con mayúscula), se envilece la calidad democrática (hay un número cada vez mayor de personas que votan condicionadas por los pagos estatales que reciben) y, por ende, se reduce la libertad. Un ejemplo: el gobierno impone sus preferencias por sobre la de los individuos al excluir al sector taurino de los posibles receptores del cheque-cultura.
Sea cual fuere la forma definitiva que adopte este proyecto cuando sea aprobado por el Legislativo, nos anticipa una economía más endeudada, más intervenida y menos eficiente. Y una ciudadanía más dependiente y menos libre.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)
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