Gobierno aprobará mañana vías para facilitar el pago de la luz en hogares vulnerables

El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley que incluirá 100 millones de euros adicionales para ayudar a los 1,2 millones de hogares vulnerables que hay en España, así como medidas para apoyar a las empresas a proteger sus contratos de las subidas de precios.

Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo, la citada norma incluirá medidas para «incorporar transparencia y, por lo tanto, control en la formación de los precios de la tarifa eléctrica».

Nuevas ayudas a hogares vulnerables

Los consumidores vulnerables acogidos al bono social tienen un descuento del 25 % en la factura de la luz (40 % si son vulnerables severos), que tienen que hacer las compañías comercializadoras de referencia, mientras que los que están en riesgo de exclusión social no tienen que abonarla, y la comunidad aútonoma correspondiente asume el 50 % restante.

Todos los perceptores del bono social pueden acogerse también al bono térmico, implantado en 2019 para ayudar a pagar la calefacción, agua caliente sanitaria o gas durante el invierno. Inicialmente iba de 25 a 123,94 euros, en función de la franja climática en que se encontrara la vivienda.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2022, hay un incremento importante en el presupuesto del bono social térmico, que aumenta en 48 millones de euros hasta 157 millones.

Unidas Podemos, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición, pidió la semana pasada la ampliación de los criterios de renta para acceder al bono social eléctrico.

Las medidas del real decreto-ley que está previsto se apruebe este martes se sumarían a otras ya adoptadas por el Gobierno para paliar la subida de los precios de la energía en el mercado mayorista, como la rebaja del IVA del 21 % al 10 % y del impuesto especial eléctrico del 5,11 % al 0,5 % hasta fin de año, o la suspensión del impuesto a la generación (7 %), que pagan las compañías productoras.

El Gobierno ha limitado también la subida de la tarifa regulada del gas natural para evitar que se dispare con motivo del encarecimiento de los precios internacionales.

De esta manera, las tarifas TUR 1 y TUR 2 han subido desde octubre para el último trimestre menos de un 5 %, frente al incremento del 21 y del 30 % que habría correspondido por la subida internacional del gas, mientras que la TUR 3 lo ha hecho un 8 %, frente al 41 % que se habría encarecido de no haberse limitado la subida.

Protección a la industria

Las otras dos medidas del real decreto-ley son para proteger los contratos que tienen industrias y empresas con sus suministradores para evitar que se los encarezcan, y para que haya una mayor transparencia en la formación de precios.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció cuando se convalidó en el Congreso el real decreto-ley que recorta los beneficios de las centrales que no usan gas ni derechos de CO2 que en las próximas semanas habría medidas «para cubrir contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales» y también «reforzar la posición» de los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Ribera dijo también que el Gobierno buscaría no aplicar la minoración de los beneficios que las eléctricas obtienen en el mercado por el alto precio del gas a las que garanticen precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas, «precios como los que existían en el mercado eléctrico antes de la espiral de precios del gas».

Sin embargo, Unidas Podemos ha propuesto aumentar del 90 % al 99 % la reducción de los denominados «beneficios caídos del cielo» para paliar los efectos de la subida de la luz, después de que en octubre se hayan disparado por encima de 200 euros/megavatio hora (MWh).

El Consejo de Ministros tiene también sobre la mesa este martes aprobar una nueva prórroga del denominado "escudo social", adoptado para hacer frente a las consecuencias económicas de la covid y que incluye la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos vulnerables.