El Gobierno del descontento
El Ejecutivo de Sánchez se enfrenta a una situación que nunca hemos vivido en España derivada de su mala gestión
Vivimos una situación económica para la que el Gobierno no está preparado. Deambula como un boxeador sonado, tratando de agarrarse a cualquier clavo ardiendo para intentar no caerse y poder ganar un poco más de tiempo que le permita llegar al final de la legislatura, a la, para el presidente Sánchez, ansiada presidencia de turno de la UE, que ahora, con el devenir económico, aparece muy lejana en el horizonte.
El Gobierno, así, no sabe cómo actuar ante una crisis económica que, desgraciadamente, cada vez cobra la apariencia de ser más profunda y devastadora, pues muchas turbulencias se ciernen sobre la actividad económica y el empleo. Trata de comprar tiempo en Bruselas, con «la excepción ibérica», que no es otra cosa que intervencionismo nocivo, para esperar y confiar en que el paso del tiempo haga amainar las protestas. Su política de reparto de subvenciones de nada servirán, salvo para incrementar el gasto, el déficit, la deuda y presionar al alza la inflación al tensar más los cuellos de botella. Se está gastando un dinero que no tiene y está dejando sin poder adquisitivo a los españoles por su pésima gestión: una cosa es que la guerra de Ucrania haya contribuido a empeorar la situación, pero otra es que la tendencia ya era muy mala, con una inflación creciente, iniciada por la elevación de los precios de la energía, sin que el Gobierno tratase de poner solución para pararla.
¿Cuál es el entorno económico en el que nos movemos? Una inflación desbocada, con un 7,6 % interanual en febrero –que todo indica que llegará al doble dígito en algunos meses del año– y un 3 % de inflación subyacente; un recibo de la luz que no para de crecer; el precio de los carburantes, disparado; la cesta de la compra, encarecida; el empobrecimiento, generalizado.
Así, y sin ninguna propuesta sensata, el Gobierno se enfrenta a una situación que nunca hemos vivido en España, derivada de su mala gestión: precios altos, recuperación tardía tras la pandemia, por la rigidez introducida en la economía española y las múltiples restricciones que se impusieron, y gasto desmedido, que ha elevado la deuda a niveles muy elevados, de manera que no hay margen de maniobra para poder realizar ninguna actuación.
Ante ello, España ha sufrido paros de transporte, que no terminan de haber finalizado, que de repetirse, podrían crear una auténtica crisis de suministros, ya que los profesionales del sector no pueden asumir los elevados costes del carburante, y la subvención ofrecida no parece que, de momento, vaya a frenar su protesta por mucho tiempo. Si eso sucede, además sufriríamos desabastecimiento en los mercados, con el problema para poder encontrar alimentos frescos, muchos de ellos esenciales, al tiempo que el precio de los que haya puede elevarse todavía más.
El Reino Unido tuvo su «invierno del descontento», como bien señaló Margaret Thatcher, pero en España la dimensión del problema es mayor, puesto que no es que fuese un invierno o, ahora, una primavera del descontento; es que lo que sufrimos es el Gobierno del descontento, pues su gestión hace que el empobrecimiento de la sociedad se esté produciendo a pasos agigantados, con muchas familias que están empezando a tener dificultad para poder llegar a fin de mes.
Por su parte, el Banco Central Europeo tendrá que actuar en algún momento con una política monetaria restrictiva, que encarecerá las hipotecas variables, elemento que mermará más el poder adquisitivo de los ciudadanos, pero que habrá que llevar a cabo porque, si no, la inflación puede hundir más a la economía, y de manera estructural.
El Gobierno, incumpliendo su promesa de la Conferencia de Presidentes, se niega a bajar impuestos. Es verdad que para bajar sólo el IVA de los carburantes necesita autorización de Bruselas, pero no la necesita, por ejemplo, si quiere disminuir todo el IVA general del 21 % hasta un tipo inferior, con el límite del 15 %. Sería más deseable que bajase los impuestos directos en lugar de los indirectos, porque tendría un impacto mayor en la economía, pero como los directos –IRPF, Sociedades– no los va a bajar, al menos que actúe en el corto plazo bajando los indirectos para aliviar los costes de familias y empresas, pero no lo va a hacer.
El Gobierno insiste, además, en empobrecer más a la economía española, mermando competitividad a nuestra industria y poder adquisitivo a las familias, al insistir en la locura de la transición energética sin nuevas fuentes baratas y eficientes que sustituyan a las que quiere cerrar. Esa demagogia energética es la que ha provocado, en gran parte, el problema actual. En lugar de seguir por esa senda, que sólo nos lleva a la ruina y de tratar de intervenir el mercado imponiendo unos precios máximos al gas, que puede tener otras consecuencias todavía más nefastas para la economía, debería apostar por la energía nuclear, pero se niega. Mientras, la luz van a poder pagarla cada vez menos españoles, que van a tener que pasar frío en invierno o calor en verano por no poder poner ni calefacción ni aire acondicionado, respectivamente, porque su poder adquisitivo no se lo va a permitir por la espiral inflacionista. No quiere utilizar esa energía limpia, abundante y barata, que es la nuclear, y, por ello, los costes energéticos contribuyen a encarecer todos los productos, como muestra la inflación subyacente.
El Gobierno actual es, por tanto, el Gobierno del descontento, que ha demostrado su incapacidad para gobernar y cuyo presidente debería convocar elecciones para que los españoles pudiesen elegir a quienes crean que pueden solucionar este grave problema que el Gobierno nos deja.
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