Las reformas que necesita España

Hay una serie de temas relevantes, ligados a la economía de forma directa o indirecta, que necesitan ser reformados para garantizar su viabilidad, su permanencia y una mayor eficiencia y, por tanto, un mayor beneficio para todos los españoles, especialmente en unos momentos como los actuales, de grave crisis económica, con muchas familias que tienen dificultades para pagar la luz, llenar el depósito de su coche o comprar los alimentos indispensables para vivir. Solo con una política reformista puede superarse esta dificultad.

De esta manera, a continuación, se identifican ese conjunto de materias, con un diagnóstico de la situación de cada una de ellas y un breve apunte del camino de la reforma a realizar.

Diagnóstico:

El IRPF es una figura tributaria que, pese a haber sido reformada recientemente, debe proseguir en su mejora. Se trata de un impuesto en el que conviven excesivos tramos -que en muchos casos provocan la progresividad en frío –por ello, con elevada inflación, hay que deflactar la tarifa–, que lastra la eficiencia del impuesto, y múltiples deducciones junto con tipos altos, que dirigen excesivamente la voluntad de los ciudadanos, pues incentivan el gasto en determinadas cuestiones, por encima de las preferencias que tenga el individuo para aplicar su renta disponible.

Vía de reforma:

Debe caminarse hacia una reducción de tramos impositivos en la parte estatal, con una acotación al mismo número de tramos en la parte autonómica. Las deducciones deben eliminarse en su práctica totalidad y deben bajarse, en equivalencia, los tipos marginales en la medida de la misma cuantía que se pierde con las deducciones, para garantizar la sostenibilidad de la recaudación en el corto plazo. En el medio y largo plazo, la recaudación aumentará por una mayor actividad económica, fruto de la mayor renta disponible media que tendrán los individuos gracias a la mayor eficiencia del impuesto y la bajada de tipos, y el mayor poder de decisión de los individuos para aplicar la renta, que puede redundar en una mayor actividad por sinergias. Las CCAA podrán establecer los tipos que consideren dentro de los tramos establecidos, pero no deducciones.

Diagnóstico:

El IVA es un impuesto que ha variado en exceso en los últimos años, con incrementos excesivos en poco tiempo, sin una consistencia en las propuestas de reclasificación de bienes dentro de los tres tipos de IVA, que ha provocado el cierre de muchos negocios y pérdida de puestos de trabajo por esto último, así como reclasificaciones obligatorias por parte de la UE, además de un incremento notable de la economía sumergida por la voracidad recaudatoria.

Vía de reforma:

Debe caminarse hacia una buena segmentación de los tipos de IVA a aplicar a productos y servicios, con carácter de permanencia, tanto en asignación al grupo correspondiente como al nivel de tipos, de manera que la mejora de la situación económica permita compensar la posible caída de recaudación en el corto plazo por la vuelta de algún producto o servicio a su tipo original, que en el medio y largo plazo se compensará más que sobradamente con la mejora de recaudación por el afloramiento de mucha economía sumergida que gracias a esta medida dejará de serlo, al eliminarse el incentivo perverso que para ello había.

Diagnóstico:

Las CSS son un auténtico impuesto al trabajo, que merma la contratación de muchas personas, que reduce así la recaudación de la Seguridad Social y que encarece en casi un 40 % el coste de un trabajador (pues, realmente, es él el que paga todo el coste, aunque la empresa ingrese en la Seguridad Social una gran parte de la CSS por él), hecho que lo expulsa del mercado de trabajo o que lo condena a la economía sumergida, con la pérdida de condiciones laborales y el descenso en la recaudación.

Vía de reforma:

Debe caminarse hacia un descenso notable en los tipos de CSS, de manera que se pueda dejar por debajo del 20 %. Ello incentivará la contratación y aflorará la economía sumergida, con el incremento de recaudación en el medio y largo plazo. En el corto plazo, si se diese una leve caída de recaudación, debería ser compensado transitoriamente con una mayor aportación de la Administración General del Estado (AGE).

Diagnóstico:

El IS necesita una profundización en su reforma que evite que las múltiples deducciones –pese a que muchas se han suprimido- constituyan una maraña que haga ininteligible el impuesto, al tiempo que mantiene un tipo marginal excesivamente elevado, que desincentiva la inversión, tanto de multinacionales como de pymes, base del tejido empresarial español, pues son estas últimas las que soportan una mayor fiscalidad en este tributo.

Vía de reforma:

El IS debe quedar holgadamente por debajo del 20 %. Para mitigar el posible efecto de pérdida recaudatoria a corto plazo, puede realizarse en dos fases, con dos años de diferencia, al tiempo que deben eliminarse todas las deducciones, de manera que mitigará esa potencial pérdida en el corto plazo.

A largo plazo, una estructura clara del impuesto, con tipos bajos, atraerá más inversión y permitirá generar más crecimiento, riqueza y recaudación.

Diagnóstico:

El actual SFA es un sistema opaco, retorcido e incoherente, que premia a quien menos progresa y perjudica a quien mejor evoluciona. El sistema de fondos, aun así, no termina de convencer a nadie, pues fue diseñado para épocas de bonanza, de manera que merma tremendamente los ingresos en épocas de crisis. Adicionalmente, contempla topes exclusivos para alguna comunidad autónoma, hecho que va contra toda lógica.

Además, nos encontramos con un SFA que no fomenta la sana competencia fiscal entre CCAA, pues intenta, con su normativa, cercenarla.

Por último, los mecanismos adicionales de financiación no pueden ser de carácter permanente, pues las CCAA deben responsabilizarse de su autonomía financiera, que, como bien ha señalado el TC, debe ir ligada a su autonomía política.

Vía de reforma:

El SFA debe ser un sistema claro y sencillo, que favorezca la solidaridad entre regiones, pero también la competencia fiscal, que es sana, para incentivar a las CCAA para que compitan entre sí y prosperen, pues hoy en día no tienen incentivo alguno para hacerlo, al saber que siempre van a estar bajo el paraguas de los distintos fondos de solidaridad.

Por eso, desde la perspectiva del mantenimiento de la solidaridad, debe permitirse que las CCAA puedan mover sus impuestos tanto como quieran hacia abajo o hacia arriba, y que los ciudadanos decidan, votando con los pies. En este sentido, debería abrirse la posibilidad de la que gozan País Vasco y Navarra al resto de CCAA; no nos referimos a extender regímenes especiales al resto de regiones, sino a que todas puedan tener la posibilidad de contar con las mismas posibilidades de subir o bajar impuestos en los mismos tributos, cosa que ahora no sucede y que deja en una situación de desventaja comparativa artificial a muchas regiones, especialmente las colindantes con las forales.

En cuanto a los mecanismos adicionales de financiación, deben desaparecer y ser las CCAA las que se financien en los mercados. Para controlar que no se desvíen presupuestariamente ya existe la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de manera que no hace falta que existan dichos mecanismos adicionales para controlar el gasto.

Diagnóstico:

Es cierto que la deuda de las AAPP españolas ha crecido de forma considerable en los últimos tiempos. Ahora bien, si existe deuda es porque existe déficit, de manera que mientras exista déficit lo mejor que se puede hacer es endeudarse para pagarlo, porque, si no, lo que deber ser deuda financiera se queda como deuda comercial, con consecuencias mucho más negativas para la economía y el empleo.

Vía de reforma:

Debe aplicarse inflexiblemente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para impedir desviaciones de gasto y, por tanto, déficit, junto con medidas que posibiliten la reducción del gasto. Solo así se conseguirá acabar con los déficits y, por tanto, ir amortizando deuda.

Diagnóstico:

Hay todavía partidas de gasto que pueden ser reducidas en la AGE. En las CCAA, sin embargo, la cartera de servicios que tienen que ofrecer en las competencias que tienen transferidas, viene marcada por normativa básica estatal, de manera que las regiones no pueden ahorrar mucho, más allá de lo que consigan reducir por eficiencia.

Vía de reforma:

Hay que flexibilizar la normativa básica estatal para que las CCAA puedan decidir qué servicios accesorios a los esenciales prestan o que puedan cobrar por ellos. Solo así se garantizará la sostenibilidad de los servicios esenciales. Además, medidas disuasorias del abuso en el gasto, como el euro por expedición por receta, deben poder ser aplicadas como elemento de control del gasto.

Diagnóstico:

La población española envejece y el sistema público de pensiones, de reparto, es insostenible a futuro. Por tanto, debe reformarse para garantizar su continuidad.

Vía de reforma:

Debe cambiarse el sistema de reparto por uno de capitalización, que permita sostener el sistema en el futuro. Obviamente, a las personas mayores de cincuenta años se les mantendrá el sistema de reparto, pues no podrían aportar lo suficiente a un sistema de capitalización para conseguir obtener unos ahorros cuantiosos para su pensión. La aportación de estas personas se hará vía PGE, al igual que las no contributivas. El resto, se irán nutriendo de las ganancias que obtengan las inversiones del sistema de capitalización. Al menos, habría que avanzar hacia un sistema de cuentas nocionales como punto intermedio.

Diagnóstico:

La función pública se ha sobredimensionado innecesariamente, pero, además, la extensión de su modelo de empleo a todas las funciones, hacen ineficiente a la Administración y merman el crecimiento económico.

Vía de reforma:

Debe acabarse con el actual sistema de contratación público, que implica un puesto de trabajo vitalicio hasta la edad de jubilación para las nuevas incorporaciones a la Administración o empresas públicas, que tendrá un contrato laboral idéntico al del sector privado. De entre las nuevas incorporaciones, solo se mantendrá el actual sistema de función pública a quienes tengan que administrar soberanía, como diplomáticos, jueces, Abogados del Estado, Técnicos Comerciales y Economistas del Estado o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros. Además, para incentivar la eficiencia, estas nuevas incorporaciones tendrán variable una parte de su retribución. Obviamente, a los actuales funcionarios y empleados públicos se les respetarán sus condiciones laborales y económicas actuales.

Diagnóstico:

España ha sufrido durante décadas la desventaja competitiva de que sus ciudadanos no dominen el inglés, básico en el mercado laboral actual.

Vía de reforma:

Debe extenderse a toda España el exitoso proyecto de alguna comunidad autónoma que provee escolarización pública en inglés, para que, desde pequeños, los futuros trabajadores adquieran un buen nivel de inglés con el que poder trabajar. Todo ello, aumentará a productividad y competitividad de los españoles y, con ello, crecerá la economía y el empleo.

Todas esas actuaciones están inspiradas en el ideario liberal-conservador, actuaciones que recogen, por tanto, el pensamiento tradicional del centro-derecha, en línea con reformas que se aplicaron en el pasado y que la experiencia demuestra que son las medidas que mejor funcionan en pos del bien común. No se trata, por tanto, de propuestas realizadas por dogmatismo, sino porque la realidad se encarga de enseñarnos que son las que más éxito tienen desde el punto de vista económico, laboral y social. Medidas, por tanto, que deberían ser puestas en marcha por un gobierno liberal-conservador, de centro-derecha. Todas ellas, son medidas realistas, alcanzables y sólidamente sustentadas. Estas reformas son las que debe defender el centro-derecha, no competir con la izquierda en promesas de gasto público ni en medidas proteccionistas, sino en reformas, por el lado de la oferta, que hagan sostenible nuestra economía. Si el centro-derecha no lo hace, si se hace seguidismo de la socialdemocracia, si abraza el intervencionismo, entonces las posibilidades de prosperidad quedarán muy mermadas y las ideas liberal-conservadoras habrán sido derrotadas para mucho tiempo, que es tanto como decir que habrán perdido las ideas que la experiencia ha demostrado que son las que procuran más crecimiento y empleo.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria