Moncloa se queda sola con Cataluña y Canarias para aprobar la reforma de la financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha apretado el acelerador para reformar el sistema de financiación autonómica lo antes posible. El Gobierno ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 4 de septiembre con el objetivo de aprobar su borrador de acuerdo y aplicarlo ya en 2027. Sin embargo, la negociación está prácticamente rota y el Ejecutivo acude al encuentro con los únicos apoyos de Cataluña y Canarias, tras el rechazo de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, incluidas varias gobernadas por el PSOE.

Así lo recoge el último análisis publicado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, sobre el borrador que Hacienda ha remitido a las autonomías. La propuesta de reforma, presentada originalmente a principios de año, quedó congelada durante meses para dejar pasar el calendario electoral autonómico. Para desbloquearla, el pasado mes de julio el Ministerio remitió un borrador de acuerdo a los gobiernos regionales acompañado de una invitación a negociar bilateralmente «posibles ajustes», una posibilidad que, según Fedea, ha sido rechazada de entrada por la gran mayoría de las comunidades.

El economista considera que contiene «luces y sombras» y que podría constituir «un buen punto de partida para una negociación seria». Sin embargo, advierte contra las prisas del Gobierno y reclama un mayor grado de consenso entre partidos y territorios para evitar que el nuevo modelo agrave algunos de los principales problemas del actual sistema de financiación.

De la Fuente aprecia una «simplificación parcial de la estructura del modelo» que reduciría el peso de algunos de sus componentes diseñados ad hoc y podría traducirse en un reparto más equitativo. El problema es que, al mismo tiempo, el borrador incorpora «dos nuevos mecanismos de lógica (y estética) más que discutibles que favorecerían fundamentalmente a Cataluña».

Uno de los más polémicos afecta a la financiación de las denominadas competencias no homogéneas, aquellas que han sido transferidas únicamente a determinadas comunidades, como la policía autonómica catalana o determinadas funciones de la Administración de Justicia. Actualmente, el Estado financia estas competencias mediante transferencias a través del Fondo de Suficiencia.

E Gobierno ofrece mantener el sistema actual de transferencias u optar por la cesión de un tramo adicional del IVA

El borrador del Gobierno ofrece ahora a las autonomías dos posibilidades: mantener el sistema actual de transferencias, actualizadas mediante el llamado Índice de Tres Variables (ITE), u optar por la cesión de un tramo adicional del IVA, hasta alcanzar un máximo del 90 % del impuesto. Esta segunda opción haría que la financiación de esas competencias evolucionase más ligada a la marcha de la economía de cada comunidad que a la del conjunto de España.

La fórmula permitiría así que convivieran dos vías diferentes para financiar unas mismas categorías de competencias dentro del sistema autonómico. De la Fuente admite que vincularlas a la economía regional «puede tener cierto sentido», pero advierte de que permitir elegir entre ambos mecanismos aumentaría la complejidad del sistema y dificultaría las comparaciones entre territorios.

«Subfondo de competencias»

Fedea plantea además una segunda objeción. Financiar estas competencias mediante participaciones adicionales en el IVA dificultaría revisar en el futuro su valoración para aproximarlas progresivamente a una financiación mediante una fórmula común, facilitando su integración en el sistema general a medida que las competencias terminen siendo asumidas por todas las autonomías.

El informe recuerda que las competencias no homogéneas se valoran inicialmente según su coste efectivo, es decir, en función del gasto que realizaba el Estado cuando las ejercía. Esas cantidades se actualizan posteriormente mediante el ITE, por lo que las diferencias que puedan existir entre territorios tienden a persistir indefinidamente.

Las competencias homogéneas deberían financiarse mediante recursos ordinarios y con una fórmula común para todos los territorios, según Fedea

Por si fuera poco, el borrador abre la puerta a un nuevo «subfondo de competencias homogéneas». Este mecanismo recogería el valor de nuevos traspasos, ampliaciones o revisiones de competencias que ya son ejercidas por todas las comunidades. Fedea cuestiona directamente su necesidad porque las competencias homogéneas deberían financiarse mediante los recursos ordinarios del sistema y con una fórmula común para todos los territorios.

«Abrir la puerta, como se hace aquí, a valoraciones diferentes para unas mismas competencias en distintas comunidades atentaría gravemente contra la lógica igualitaria del modelo y debería por tanto evitarse», comenta De la Fuente.

Perpetuar las ventajas

A estas diferencias se suma la forma elegida para garantizar que ninguna comunidad pierda financiación con el cambio de sistema. El actual Fondo de Suficiencia se dividiría en dos partes. Por un lado estaría el mecanismo complementario destinado fundamentalmente a financiar las competencias no homogéneas. Por otro, se crearía un Fondo de Statu Quo, financiado con recursos del Estado, cuya función sería garantizar que en el año inicial ninguna comunidad reciba menos dinero con el nuevo modelo del que habría obtenido con el vigente.

El problema, según Fedea, es que esas compensaciones no serían transitorias. Se actualizarían indefinidamente con el ITE, perpetuando las posiciones relativas de partida de las distintas comunidades. Para De la Fuente, este diseño mantiene «uno de los grandes vicios» del actual sistema porque introduce una fuerte inercia que impide que la financiación de los territorios vaya acercándose progresivamente a la cantidad que debería corresponderles según la fórmula objetiva de reparto.

Fedea propone que nadie pierda financiación en términos absolutos con la entrada en vigor del nuevo modelo, pero que las compensaciones se reduzcan progresivamente hasta desaparecer. En sus conclusiones plantea un plazo máximo de cinco años, siempre que su eliminación no provoque que alguna autonomía termine recibiendo menos recursos nominales que con el sistema anterior.