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22 de febrero de 2024

Suministro de mascarillas por parte del Gobierno, abril de 2020

Suministro de mascarillas por parte del Gobierno en abril de 2020

Informe

El escándalo de los contratos a dedo durante la pandemia

Las licitaciones por vía de emergencia suman más de 30.000 contratos en los últimos dos años

La pandemia dio la excusa perfecta a la Administración para lanzarse a ejecutar contratos a dedo. Nunca sabremos con seguridad qué contratos eran justos y necesarios y cuáles se podían haber gestionado mejor y por otra vía para ahorrar dinero público.
En 2021 los organismos públicos recurrieron a adjudicar a dedo 7.300 contratos según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), independiente, como veremos en sus conclusiones, pero dentro del organigrama del Ministerio de Hacienda lo que da esperanza de que siempre hay alguien que vigila al que vigila.

Resquicio moral

Hay que matizar que este tipo de prácticas tienen esa denominación despectiva, pero están amparadas por la ley y solo queda ese pequeño resquicio moral en las conciencias de los responsables públicos.
La Administración adjudica partidas a empresas sin intermediarios y sin un concurso público a conveniencia gracias a que la ley lo permite y detalla como «acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional».
España vivió en estado de alarma en dos ocasiones durante la pandemia. La primera durante 99 días en 2020 y la segunda durante 196 días ya en 2021. Durante esos periodos es cuando la Administración puede tomar decisiones por el bien común sin someterlas a largas burocracias.
De aquí se deriva que en 2020 la pandemia facilitó 22.300 contratos públicos donde, sobre todo, se cerraron acuerdos para importar material quirúrgico de cualquier parte del mundo a unos precios elevados por la enorme demanda del momento.
En 2021 la cifra se redujo a 7.300 contratos, pero el informe de OIRESCON deja conclusiones desastrosas para el sistema público español.

Conclusiones

Asegura a lo largo de sus 69 páginas que «existe, en muchos casos, una importante falta de información y uniformidad en la métrica en relación con el importe de los contratos tramitados por emergencia y la identidad de los adjudicatarios de estos» y destaca la «ausencia de una descripción detallada del objeto de la actuación de emergencia en varios supuestos».
Las causas tampoco quedan muy claras según el informe, «entre los contratos tramitados por vía de emergencia examinados, se han detectado 150 en los que se ha observado una causa habilitante difusa o inconsistente».
En cuanto a las recomendaciones finales, el informe explica que «sería conveniente que los órganos de gobierno abogaran por una mayor transparencia en relación a la publicidad de las tomas de razón adoptadas, indicando al menos el importe de y los adjudicatarios de los contratos, así como la información relacionada con las cuantías de los encargos a medios propios tramitados por emergencia».
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