La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscan nuevos modos de obtener ingresos
La semana económica
Sánchez y Montero, a la caza de las grandes fortunas
El Impuesto de Patrimonio se ha abolido en casi toda Europa, pero el Gobierno estima que es un buen reclamo para captar votos
No hay más que ver los números para concluir que el nuevo ruido con el llamado impuesto a los ricos es un reclamo populista y de poca utilidad real. Mientras que el Impuesto de Patrimonio recaudó en su último año fiscalizado (2019) 1.355 millones de euros, el IRPF alcanzó los 24.212 millones solo en julio de este año (69.160 millones sumando los siete primeros meses de 2022) y el IVA los 11.515 millones únicamente en julio (52.504 millones sumando los siete primeros meses). La recaudación de Patrimonio no solo queda lejos de IRPF e IVA, los dos impuestos que más recaudan. También se sitúa muy por debajo de lo que han ingresado entre enero y julio Sociedades (6.227 millones) y los Impuestos Especiales (11.750 millones), incluidos algunos impuestos concretos dentro de este último capítulo (Hidrocarburos, con 7.158 millones, y Tabaco, con 3.786).
Mantener el impuesto o subirlo a los ricos, por tanto, no va a tener mucha incidencia en las cuentas públicas. La recaudación no va a subir mucho más, porque no hay muchos que entren en esa categoría (200.000 contribuyentes, según la Agencia Tributaria), y lo que sí harán los perjudicados, porque tienen más medios que nadie, es sacar sus fondos fuera del país, a un lugar en donde les ataquen menos. El amigo de Sánchez, el presidente de Portugal, António Costa, debe de estar dando saltos de alegría.
Si el Impuesto de Patrimonio ya no existe en casi ningún país de Europa, no hay que ser muy listo para deducir que no debe tener mucho interés el mantenerlo. En España lo eliminó Zapatero sin derogarlo en 2008, lo restableció luego con carácter temporal y Rajoy lo mantuvo. A nivel regional el PP lo ha eliminado en Madrid y en Andalucía y se plantea hacerlo en Murcia, y está bien, porque con el Impuesto de Patrimonio se paga por lo que ya se ha pagado previamente. Es un impuesto injusto y, según los expertos, ilegal.
Por esos motivos el PP se ha propuesto ir eliminándolo e incluirlo de este modo en su estrategia de reducción de impuestos. Sobre Andalucía el ex consejero de Hacienda y actual vicesecretario de Economía, Juan Bravo, explica que la disminución de impuestos en los últimos cuatro años les ha dado para recaudar más mientras no solo no recortaban los servicios públicos (argumento habitual del PSOE contra la bajada de impuestos), sino que invertían 3.000 millones más en sanidad, 1.600 millones más en educación y 400 millones más en dependencia.
Mientras tanto, muchos se preguntan por qué el Gobierno no destina de una manera más clara al alivio de las familias y de las empresas la recaudación extra que está obteniendo como consecuencia de la subida de la inflación. Entre enero y julio Hacienda ha ingresado 146.235 millones de euros, casi 23.000 millones más que en el mismo periodo de 2021, pero no se habla ni una palabra sobre la posibilidad de devolver ese dinero a los ciudadanos. Tampoco de reducir gasto público superfluo, como el relacionado con los 22 ministerios o la multitud de asesores. Ahora se habla de subir el impuesto a los ricos, que no sumará dinero y ahuyentará a los que pueden crear riqueza y empleo.
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