El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino (d) y el consejero delegado, Ignacio Madridejos (i)
Junta histórica
Los accionistas de Ferrovial votan a favor del traslado a Países Bajos
Del Pino aseguró que «la operación no se hace por motivos fiscales»
Una mayoría absoluta de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta de accionistas de la compañía han respaldado el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos, votando a favor de la propuesta.
Con un quórum del 77,6%, la junta ha dado 'luz verde' a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.
En contra
En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.
Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.
Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.
El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, es decir los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para realizar la operación, no quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha defendido que la operación por la cual la compañía trasladará su sede social a Países Bajos le permitirá acogerse al régimen de neutralidad fiscal, en contra de lo sugerido por el Gobierno.
Quejas de accionistas
Un accionista de Ferrovial ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «violar» un derecho fundamental europeo como es «la libertad de establecimiento que garantiza la movilidad de las empresas en toda la Unión Europea».
Se trata de Jean Pierre Paelink, un accionistas francés de Ferrovial que ha trasladado su «preocupación» por lo que considera que han sido «ataques por ejercer un derecho consagrado en artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
«Me preocupa el ejercicio de los derechos de los accionistas, la propiedad privada. El ejercicio de los derechos de los accionistas como ciudadanos está protegido por este derecho fundamental».
El accionista ha tachado de «excesivos e improcedentes y al borde de la ilegalidad» las intervenciones realizadas por las autoridades españolas al proyecto.
«Se nos debe permitir ejercer los derechos que nos otorga la legislación europea y la española sin ningún tipo de amenazas en el marco de la seguridad jurídica», ha concluido.
Otro accionista, Cristian Verdich, de la asociación europea Better Financer, se ha referido también al «libre movimiento del capital y de las empresas por Europa, defendiendo que este tipo de decisiones »tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y nunca por instancias políticas".
En su discurso en la junta general de accionistas, el presidente de la constructora ha asegurado que esta reorganización societaria «persigue objetivos económicos válidos», requisito necesario para acogerse a ese ahorro de impuestos.
La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañíaPresidente de Ferrovial
«La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. Como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones», ha señalado.
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