La categoría de 'Otros empleados públicos' se multiplica por 9 desde 1990

A raíz de varias conferencias que estoy dando acerca del despilfarro del sector público español y en especial del de las comunidades autónomas, como consecuencia de mi libro publicado recientemente, escrito con Gustavo Morales, y también por varios artículos que llevo publicados en este diario sobre lo que representan los salarios púbicos en nuestro país con respecto al total de gasto público, tenía pendiente de realizar un análisis sobre la categoría de Otros empleados públicos.

Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que se elabora desde 1990 por el Ministerio de Administraciones Públicas o por el Ministerio de Hacienda, y que elabora la Dirección General de la Función Pública, se divide la definición de la categoría de «Otro personal» a su vez en dos categorías:

1) Personal eventual: es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones que son retribuidas con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. No se incluyen en este epígrafe los datos de efectivos que ocupan puestos de esta naturaleza pero tienen la condición de funcionario de carrera de la Administración del Estado.

2) Personal interino: es personal interino el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de personal funcionario de carrera cuando se dé alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 10 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

O sea, que la categoría de Otros es personal que se nombra exprofeso por alguien que tiene poder ejecutivo en cualquiera de los casos, uno con carácter no permanente y otro para cubrir un puesto de funcionario, pero vemos que los dos tienen un componente digital: alguien lo nombra a dedo.

Se supone que un puesto de interino debería, en un período de tiempo razonable, ser convocado para una oposición para que se cubra la plaza definitivamente.

A continuación vamos a ver la absolutamente alucinante evolución que ha tenido esta categoría desde que se registran estos datos, que fue en 1990.

El informe ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y mejorando sustancialmente la información proporcionada. Incluso desde hace ya varios años se proporciona la capacidad de descargar un fichero Excel, para poder trabajar con la información y obtener todo tipo de datos.

En 1990, hace más de 30 años, el primer informe hablaba ya de la categoría de Otros en los mismos términos que los arriba definidos, y nos indicaba que en total en esta categoría había 72.314 efectivos, de los cuales 41.801 estaban asignados en el Sector Público Central, aunque no diferenciaba entre Administración General y Administración de Justicia. Había también 22.712 efectivos en la comunidades autónomas, que tampoco se diferenciaban entre Administración General y Universidades, y había otros 7.801 efectivos que no sabíamos cómo estaban repartidos entre ayuntamientos y diputaciones y cabildos.

Este dato de partida va evolucionando año a año hasta que llegamos al 2010, justo 20 años después, cuando nos encontramos con que la figura de Otros ha pasado de ser pequeña frente al total de empleados, representaba el 3,1% del total de los empleados públicos, a dos décadas después, suponer 370.663 efectivos en esta categoría, el 13,7 % del total de los efectivos.

En el 2010 ya podemos ver que el Sector Público Central tiene 13.277 efectivos en esta categoría, de la cual casi el 50 % se coloca en la Administración de Justicia, donde probablemente todos son interinos, pendientes de convocatoria de oposición.

Pero donde ha ocurrido un absoluto dislate ha sido en las comunidades autónomas, que han pasado de 22.712 a 313.060 efectivos, y donde en Universidades solo hay un 1 %, que deben de ser los profesores interinos a la espera de convocatoria, pero hay 309.092 en la Administración General de las CC.AA., que han entrado por la puerta de atrás.

Pero, además, hay que añadir a 44.326 efectivos más entre ayuntamientos y diputaciones y cabildos.

Pero esto no es suficiente para la voracidad de nuestros políticos: en 12 años más nos hemos ido a crecer un 75,3 % y estamos ya en 649.644 y creciendo.

El Sector Público Central se mantiene estable, y hay una redistribución de efectivos, pero en las comunidades autónomas pasamos de 313.060 efectivos en esta categoría a 552.959, de los cuales interinos tienen pinta los 9.586 que hay en las Universidades. El resto, 543.373, queda por investigar en que áreas están colocados y desempeñando sus funciones.

Por otro lado, y aprendido el truco, los ayuntamientos pasan de 35.103 efectivos en esta categoría a 65.195, y en las diputaciones de 9.223 a 18.204.

Esta cifra de 649.644 ha pasado ya a representar un 23,95 % de los empleados públicos de este país.

Si pensamos que, en los seis primeros meses de 2022, la cifra se volvió a incrementar en 15.059 efectivos más y que han pasado a representar un 24,3 %, estamos en esa fase en que todo vale.

Y hay que empezar a poner coto, freno, disciplina, buenas prácticas y a parar la contratación por la puerta de atrás.

Si todos estos empleados públicos en la categoría de Otros fuesen necesarios, la gran pregunta es: ¿por qué no se han convocado oposiciones?

Y si no se han convocado oposiciones, ¿son todos estos efectivos necesarios?

Cuando hemos visto que nuestros costes salariales se han multiplicado por 2,1 en las dos últimas décadas, mucho más que la media de la UE, y que nuestro coste salarial es el más alto de los grandes países europeos y ha llegado a un 24,3 %, mientras en Alemania están en el 16 %, ha llegado el momento de cuestionarse la categoría de Otros, y que cuando se necesiten cubrir puestos reales, se convoquen oposiciones o se contraten laboralmente a los nuevos empleados, pero fuera el dedo del político en meter a sus amigos, vecinos o familiares.