Vista de la sede de Naturgy en Madrid
La CNMC obliga a Naturgy a pagar más de 41 millones por manipular el mercado eléctrico
Una filial de la compañía aprovechaba las situaciones con competencia reducida en el mercado de restricciones para incrementar sus ofertas y aumentar su facturación
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de seis millones de euros a la filial de Naturgy, Naturgy Generación, y el pago de una indemnización de 35,5 millones por manipular el precio en el mercado eléctrico de restricciones técnicas.
Según señala la CNMC en un comunicado este jueves, la sanción se impone por ofertar los servicios de ajuste para la generación de energía eléctrica a precios excesivos y dispares, con respecto a sus ofertas en el mercado diario eléctrico, sin justificación y con el objetivo de incrementar sus ingresos.
Por otro lado, la indemnización se aportará a las liquidaciones del operador del sistema, para compensar los daños ocasionados a través de la reducción de los costes de adquisición de energía por parte de la demanda. Los 35,5 millones se repartirán entre la demanda durante 22 meses, aquellos que duró la actuación de la filial de Naturgy.
En concreto, la actuación penada es la realizada por la central de ciclo combinado Sabón 3, en la zona eléctrica de Galicia, entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
La instalación aprovechaba las situaciones con competencia reducida en el mercado de restricciones para incrementar sus ofertas y aumentar su facturación.
Según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, esta infracción se considera muy grave.
Naturgy tiene la opción de acudir a los tribunales e interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la sanción.
Fuentes de la compañía han indicado que recurrirán la sanción de la CNMC, ante la cual Naturgy Generación presentó en marzo alegaciones a la propuesta de resolución.
Según consta en el expediente, la compañía defendió que la central había formulado (y no solo en el periodo analizado) sus ofertas en restricciones buscando recuperar razonablemente, aunque no lo consiguió, sus costes totales, atendiendo a la mejor estimación de las condiciones competitivas en cada momento.
Asimismo, alegó que en los últimos diez años, la central obtuvo un resultado bruto de explotación (ebitda) generalmente negativo, por lo que no se puede entender que se hubiera beneficiado con una supuesta conducta infractora.
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