El sector público destruye 50.000 empleos en el septiembre «más devastador» de su historia

«Nunca un mes de septiembre había sido tan devastador para el empleo público». El sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado que el pasado mes se destruyeron casi 50.000 puestos de trabajo en la Administración, uno de los grandes apoyos del Ejecutivo para la creación de empleo.

El mes de septiembre es tradicionalmente molesto para el Ministerio de Trabajo. El impulso del turismo de sol y playa que rescata nuestra economía en julio y agosto comienza a esfumarse y suele ser un buen termómetro para conocer la realidad de nuestro mercado laboral. El paro registrado aumentó en 19.768 personas en el peor septiembre que se recuerda desde 2017 para situar el total en 2.722.468 desempleados.

En el caso de las Administraciones Públicas, en septiembre se destruyeron 39.505 puestos de trabajo que, sumados a las 9.800 bajas registradas en Sanidad y Servicios Sociales, hicieron 49.303 empleos perdidos. Supone superar en 10.000 el número de plazas que contempla la oferta de empleo público para todo 2023.

«Las plantillas están envejecidas y tensionadas en ámbitos como la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria… y eso por no hablar de la Sanidad o la Educación», señalan desde el sindicato. «Al final, esto lo pagan los ciudadanos porque la atención es peor. Hay que diseñar un plan de empleo que garantice la viabilidad de la Administración a corto y medio plazo».

Las Administraciones Públicas han supuesto en la última legislatura la creación de casi 150.000 puestos de trabajo, 10 % del aumento de la ocupación en ese periodo, sustentada principalmente en el aumento de puestos en las Comunidades Autónomas, que reúne al 60 % del total del empleo público.

Según los datos de Hacienda, en el año 2022 había 2,73 millones de personas al servicio de las Administraciones Públicas, divididos entre sector público estatal (515.449 empleados), Comunidades Autónomas (1.617.142) y administraciones locales (598.526). Se trata de un colectivo que no ha dejado de crecer desde el año 2016, después de que Rajoy redujera drásticamente su número para paliar los efectos de la crisis financiera de 2008.

Andalucía (18,1 %), Madrid (14,9 %) y Cataluña (12,4 %) son las regiones que concentran mayor número de trabajadores al servicio de las Administraciones. Por tipos de contrato, el 53,36 % es personal funcionario de carrera, el 22,3 % personal laboral y el 24,32 % otro personal –colocados ‘a dedo’–.

12,45 empleados por 1.000 habitantes

¿Son demasiados? Se trata de una pregunta de difícil respuesta. Los trabajadores de las AA.PP. suponen el 13 % de la fuerza laboral de este país, según los datos de ocupación del INE, pero la OCDE cifraba en 2013 este porcentaje en el 17,9 % de una lista que lideraba Noruega (35,6 %), Dinamarca (32,9 %) y Letonia (31,2 %). Lo malo es que la consideración de empleado al servicio de las Administraciones varía en función del país, por lo que es muy difícil realizar comparaciones.

Si analizamos el número de trabajadores públicos por cada 1.000 habitantes, la cosa cambia. De los 8,42 empleados por cada 1.000 personas que había en 1990, esta cifra asciende a en 2022 a 12,45 y llegó a los 13,8 trabajadores en 2011, justo en el peor momento de la crisis financiera. El problema, como recuerda CSIF, es que en 2025 habrá 33.000 funcionarios en edad de jubilación, cifra que ascenderá a los casi 1,5 millones que se espera para 2035. Ante esta situación, reclaman suprimir la tasa de reposición y el diseño de unas plantillas adecuadas a las necesidades, así como agilizar los procesos selectivos y eliminar la temporalidad que, en el caso de las Administraciones, supone un tercio del total de personal. Con otro horizonte electoral para enero de 2024, la situación puede ser crítica.