Josu Jon Imaz y Antonio Brufau, durante la Junta General de Accionistas de Repsol.
Repsol paraliza una inversión de 300 millones en el País Vasco por la «incertidumbre» creada por PSOE y Sumar
El presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra ha revelado que la petrolera mantendrá en stand by sus inversiones en Vizcaya hasta que no haya un marco regulatorio «estable y previsible». Esta decisión podría extenderse a la planta de renovables de Cartagena y la refinería de hidrógeno renovable de Puertollano, en Ciudad Real.
Repsol, que posee el 85,98 % de la petrolera vasca, ya anunció la semana pasada que «antes de tomar cualquier decisión de inversión en España», analizará si las condiciones son «estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos». Si no es así, se cuenta con «otras alternativas», afirmó su consejero delegado, Josu Jon Imaz.
No es una cuestión baladí. La puerta en marcha de un electrolizador de 100 megavatios en la refinería de Petronor en Músquiz, así como el proyecto de una planta industrial de combustibles sintéticos en el Puerto de Bilbao suponen una inversión de unos 300 millones de euros.
La ‘planta demo’ del Puerto de Bilbao supone una inversión conjunta de 103 millones en el que también participan Enagas, Aramco y el Ente Vasco de la Energía, entre otras empresas. Está previsto que la planta esté concluida a finales de 2025 con una capacidad de más de 2.100 toneladas de e-fuel, unos 18.000 barriles.
El otro proyecto era un electrolizador que daría servicio a la propia compañía en su proceso de descarbonización y para cubrir las necesidades del Corredor Vasco de Hidrógeno. Se trata de una inversión de unos 200 millones de euros.
Ahora quedan también en el aire la planta de combustibles renovables de Cartagena y el complejo industrial de Puertollano, donde la petrolera comenzó la producción de hidrógeno renovable.
Gravamen temporal
La decisión de paralizar las inversiones ya fue adelantada por el propio consejero delegado, Josu Jon Imaz, como consecuencia de «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país».
«La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país», añadió en un comunicado la petrolera presidida por Antonio Brufau.