Los economistas tildan de «brindis al sol» la promesa de incentivar que las empresas vuelvan a Cataluña
Pacto PSOE-Junts
Ceder los impuestos a Cataluña dinamitaría la solidaridad entre regiones: «Supone el estallido del sistema fiscal»
Puerta abierta a negociar el ansiado, por los independentistas, Cupo fiscal catalán. El acuerdo entre Junts y PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez emplaza a ambas formaciones a negociar, entre otros puntos, la cesión del 100 % de todos los tributos que se recaudan en Cataluña. Un sistema que, de llegar finalmente a aprobarse, supondría el fin del actual mecanismo de solidaridad interregional, dinamitando, de facto, el vigente sistema fiscal español.
En la actualidad, las autonomías de régimen común se quedan con el 50 % del IVA y el IRPF recaudados en su territorio, mientras que el Estado gestiona la totalidad del impuesto de Sociedades. País Vasco y Navarra, en cambio, están bajo un régimen foral al que aspiran los independentistas catalanes: recaudan sus propios tributos y pagan una cantidad a la Administración central, el cupo, por las cargas que asume. La diferencia, no obstante, es que mientras Euskadi apenas supone el 8 % del PIB español, Cataluña representa el 20 %. Y es, junto con Madrid y Baleares, la única que registra una aportación neta a la caja común.
«Los regímenes forales tienen cabida porque los recoge la disposición adicional (DA) primera de la Constitución, y a ella se remiten las DA primera y segunda de la LOFCA (la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)», explica a El Debate José María Rotellar, profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Pero Cataluña no estaría bajo este paraguas. Para incluirla, sería necesario reformar íntegramente el sistema de régimen común.
Prestaciones en peligro
«Individualmente no es constitucionalmente posible», apunta Rotellar. Supondría, dice, «un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional». El gran riesgo, destaca, es que «se pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en las regiones con menos recursos».
En 2021, Cataluña aportó 2.168 millones de euros a la caja común, por detrás de los 6.613 de Madrid. Baleares, por su parte, contribuyó con 334 millones netos, según los datos recopilados por Ángel de la Fuente, de Fedea, en ‘Estudios sobre la Economía Española 2023/25’. Andalucía, en cambio, fue la comunidad más beneficiada, con 4.934 millones de euros, seguida de Canarias, con 3.683, y Galicia, con 2.468.
El pacto enmarca la cesión de los tributos y la modificación de la LOFCA («con una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca su singularidad», dice el texto) como una propuesta de Junts en la mesa de diálogo. Permitiría que la comunidad gestionara íntegramente 20.684 millones en concepto de IRPF, IVA e Impuestos Especiales, en base a datos de 2020. El acuerdo también recoge, por parte del PSOE, que los socialistas «apostarán por un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación de Cataluña».
«La LOFCA es una pantalla muy antigua, difícilmente renovable», señala Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada en la Universitat Autònoma de Barcelona. En conversación con este periódico cree que «caben varias opciones», que dependen del desenlace del acuerdo de investidura. Entre ellas, «una reestructuración armonizadora importante de la fiscalidad y del gasto público en España, como un estallido en haciendas regionales diferenciadas». En definitiva, «un traje a medida de Cataluña no sería sólo tal sino el estallido del sistema fiscal de España entera».
En la misma línea se pronunciaban ayer los inspectores de Hacienda del Estado. En un comunicado calificaban la cesión de los tributos de «ruptura del régimen constitucional». Constaban en este sentido que permite la existencia «por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda».
El pacto «supone aceptar todas las exigencias del separatismo en cuanto a independencia absoluta en cuanto a gasto y a ingresos pero dependencia absoluta en cuanto al gasto y aceptación por parte del Estado de que les va a garantizar el acceso a los mercados», valora para El Debate el economista Daniel Lacalle, que pone el foco sobre el compromiso del PSOE de «apostar por medidas que permitan la autonomía financiera» de Cataluña.
Retorno empresarial
Lacalle considera «un brindis al sol» que «no tiene ningún valor» otro de los puntos clave del acuerdo: el abordar un plan para que regresen las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Más de 7.000 empresas, entre ellas CaixaBank, Naturgy, Abertis, Cellnex o Catalana Occidente, movieron su sede social a regiones como Madrid, Valencia o Baleares tras el referéndum unilateral de octubre de 2017.
Si se dan a las empresas ayudas de Estado para que vuelvan a Cataluña, la UE las considerará ilegales y las anulará
«No pueden comprometerse a que vuelvan, porque las empresas son libres de establecerse donde quieran», apunta José María Rotellar. «Si les diesen ayudas para establecerse allí, serían consideradas ayudas de Estado por la UE, y anuladas. Las empresas necesitan seguridad jurídica y en Cataluña no la hay, cuando no dejan de afirmar que no renuncian a la declaración unilateral de independencia (DUI).
El pacto encendió ayer de hecho las alarmas entre las patronales. La CEOE ha convocado de urgencia para el próximo lunes un Comité Ejecutivo extraordinario «en el que se abordará la situación de España» tras el acuerdo, «ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial», explicaba en un comunicado. Mientras, la catalana Foment celebraba que se aborde el retorno de las empresas «porque es en Cataluña donde deben estar», según su presidente, Josep Sánchez Llibre.
«Acaso encontrarán alguna manera para obligar a alguna empresa a volver», vaticina Ferran Brunet sobre un hipotético retorno empresarial. No obstante Brunet constata «un procès 2.0» en Cataluña «y ya en toda España». «La mayor inestabilidad política, social y fiscal que se augura con una eventual amnistía haría suicida volver a una Cataluña en llamas», asegura.
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