La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Díaz endurece la inspección tras un aumento del 400 % de los despidos en periodo de prueba
La vicepresidenta anuncia que la Inspección de Trabajo pondrá en marcha una campaña para comprobar «posibles abusos»
Yolanda Díaz ha anunciado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente de su Ministerio, va a poner en marcha una campaña para comprobar «posibles abusos» en el periodo de prueba después de que los despidos a través de esta modalidad se han disparado un 400 % desde la entrada en vigor de la reforma laboral.
«Sabemos que algunas empresas incumplen estas reglas. Por eso anuncio que la Inspección de Trabajo va a iniciar con carácter inmediato una campaña para controlar el buen uso del periodo de prueba», ha señalado la vicepresidenta.
El asunto de los despidos del periodo de prueba ha dejado en evidencia, junto al pase a inactividad de fijos discontinuos y las rescisiones por causas objetivas, una reforma laboral que ha conseguido reducir la tasa de temporalidad a base de un ejercicio de «maquillaje» estadístico sin precedentes.
Entre enero de 2022 y febrero de 2024, este tipo de bajas en los contratos indefinidos ha crecido un 400 %, llegando a su cénit en los meses de mayo a julio del pasado ejercicio, coincidiendo con la entrada del periodo vacacional. Este carácter estacional demuestra que empresarios y trabajadores están recurriendo a estos contratos a sabiendas de que no agotarán el periodo de prueba, como si fueran eventuales.
El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para la transposición de la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en las que prohíbe que un convenio colectivo pueda ampliar el periodo de prueba de un trabajador.
Además, la normal limita el periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos para el resto de trabajadores. En el caso de los temporales, no podrá superar el mes si se trata de contratos superiores a los seis meses, mientras que, en el caso de que duren menos, le periodo se reducirá en la misma proporción. En cualquier caso, parecen plazos insuficientes dado el carácter estacional del empleo en el sector servicios, clave en la economía española.
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