La salida de Ortuzar del PNV, los problemas de Illa y la batalla de Naturgy

El éxodo continúa. Y ni siquiera Salvador Illa puede pararlo. En 2024, el año llamado del «regreso a la normalidad», se fueron 351 empresas de Cataluña, el doble que en 2023. La tranquilidad que quería trasladar el nuevo presidente de la Generalitat a la economía no se ve por ningún lado. Y aunque ya se ha reunido con Marc Murtra para gestionar la llamada Agenda del reencuentro y trasladar algunas sedes de Telefónica, o de su antigua Indra a la comunidad autónoma gobernada por el PSC, los accionistas no están por la labor. Y, dicho sea de paso, los pocos barones socialistas que aún pueden hablar están que trinan con el apoyo gubernamental a estos traslados.

Tampoco el retorno del Sabadell ha causado ningún impacto. Los empresarios y no empresarios han visto enseguida la jugada: una operación para seguir contando con el apoyo del Gobierno contra la opa del BBVA y punto final. Pero Illa debería preguntarse por las razones de esta huida para intentar solucionar el problema de fondo. Es verdad que en sus charletas por toda España sobre el cupo catalán está intentando transmitir seguridad jurídica para ese retorno. Pero la cuestión no está fuera de Cataluña, sino dentro. Ni siquiera los 42 escaños que consiguió el PSC garantizan esa tranquilidad. Y se ha notado en algo tan elemental como en sus Presupuestos.

«Illa está sufriendo en carne propia la misma dificultad que tiene Pedro Sánchez para aprobar cualquier decreto»

El nuevo Govern se fijó como «prioridad fundamental» que los presupuestos de la Generalitat de 2025 entraran en vigor el 1 de enero. Pero aquello no salió. ERC, que quería sacar la cabeza como Junts, dijo no y el ejecutivo catalán no tendrá más remedio que gobernar con las cuentas prorrogadas. Y ese es el problema que dificulta todo: gobernar con ERC.

Illa está sufriendo en carne propia la misma dificultad que tiene Pedro Sánchez para aprobar cualquier decreto. O quizá aún más; porque son precisamente las negociaciones de Pedro Sánchez con Junts y sus socios las que están distorsionando cualquier negociación de Illa con sus apoyos de investidura. La inseguridad del Gobierno central resulta ser el peor lastre de cualquier iniciativa de recuperación en Cataluña.

Tenemos otro ejemplo que explica lo que estoy diciendo. Esta semana se publicaba en este mismo diario que Navarra ha sido, tras Cataluña, la comunidad autónoma que más empresas perdió en 2024. María Chivite cerró el año con 88 compañías menos, la peor cifra desde 2015: 144 empresas se fueron mientras que tan solo 56 optaron por trasladar a ella su domicilio. Lo de la Comunidad Foral es aún más grave. «Si en Navarra no existe un infierno fiscal, ¿por qué hay semejante éxodo empresarial?», se preguntaban ingenuamente desde algunos medios de comunicación locales. Pues exactamente por la misma razón que en Cataluña. Con la diferencia de que en Navarra María Chivite no pacta con ERC sino con Bildu, a los que encima ha entregado como contrapartida la alcaldía de Pamplona.

«La realidad es que aquellos lugares donde no hay estabilidad social y política se convierten en una estepa rusa empresarial»

Los números se vuelven más tercos si echamos la vista atrás. Desde 2015, Cataluña ha perdido 5.587 empresas, muchas después del procés; Castilla y León, 612, por motivos bien distintos de despoblación; y ¡ojo al dato! el tercer puesto en la clasificación lo ocupa el País Vasco, con 254 empresas menos desde 2015.

Ya sé que los expertos se están afanando en interpretar estos números de mil maneras, pero la realidad es que aquellos lugares donde no hay estabilidad social y política se convierten en una estepa rusa empresarial, por mucho que el gobierno quiera trasladar la sede de Talgo al País Vasco. Veremos si con este nuevo PNV surgido de las elecciones a su ejecutiva, el Euskadi Buru Batzar, cambian las cosas. Andoni Ortuzar, el Gordo, como le llamaba Rajoy, paga los platos rotos de su desastrosa gestión –12 años al frente del PNV– y deja una patata caliente a Aitor Esteban, actual portavoz en el Congreso de los Diputados, que al menos ya sabe cómo se las gasta el PSOE en Madrid. Pero su problema tampoco está en Madrid sino en el País Vasco, donde Bildu se ha comido su merienda.

Pero volviendo a las empresas que ya han dicho que no regresan a Cataluña -Naturgy, Cellnex o Colonial- hay algunas que son noticia. Y una especialmente.

Nest, el mayor fondo de pensiones británico, comunicó la semana pasada la compra del 10 % de IFM, el fondo de pensiones australiano por 6.000 millones. La compra resulta especialmente relevante porque IFM se refuerza en su intento de aumentar su participación en Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), en la que ahora tiene ya un 16,7 %.

La semana pasada conocíamos que, en plena lucha por el poder en la mayor gasista española y tercera eléctrica de nuestro país, debían renovarse cinco de sus consejeros: Isabel Estapé, Rajaram Rao, Javier de Jaime, Lucy Chadwick y Helena Herrero Starkie. También supimos que IFM había subido su participación hasta ese 16,7 % y que pedía un consejero más en la entidad; que Black Rock-GIP y CVC-March querían vender sus acciones y que el rumor de que Taqa, el grupo emiratí que lanzó hace un tiempo una opa, entraba en la empresa fue el causante de que esta se disparara en bolsa un 3 % hasta los 24,68 euros por acción: su máximo anual.

Difícil momento para Francisco Reynés, presidente de Naturgy. Seguramente pedirá a CriteriaCaixa que renuncie a uno de sus tres consejeros, toda vez que Estapé tiene ya cumplido su mandato. Y todo eso siempre con permiso de Ángel Simón, consejero delegado de Criteria, que últimamente es la pimienta de todas las salsas.

No es una cuestión menor. Naturgy es la segunda energética española por valor en bolsa con 23.900 millones; por encima de Endesa que vale 23.000 y Repsol: 13.200 millones. Solo le supera Iberdrola, valorada en 87.100. Bonita batalla para esta nueva semana. Y es que la vida empresarial sigue mientras nuestros políticos se dedican a marear a las empresas.