La española CAF adelanta a Alstom para hacerse con el «contrato del siglo» en Bélgica y levanta ampollas en Francia

La compañía española CAF aspira a hacerse con el conocido como «contrato del siglo» en Bélgica, por delante de la francesa Alstom. CAF, con sede en Beasáin (Guipúzcoa) ha sido seleccionada como «preferred bidder» (adjudicatario preferente) por el operador ferroviario belga SNCB para la fabricación y suministro de su nueva flota de trenes.

El contrato, de hasta 3.500 millones, podría ser uno de los mayores en la historia de CAF. Según ha informado CAF en una nota, se trata de un acuerdo marco con un alcance máximo de unidades para 170.000 plazas, con un compromiso inicial base de 1.695 millones de euros (unidades para 54.000 plazas).

La posible adjudicación, no obstante, ha levantado ampollas en el país vecino, dado que Alstom cuenta con dos fábricas en Bélgica, según adelanta El Economista, y presentó una oferta cien millones de euros más barata. Tanto que el gobierno de Bélgica se ha visto obligado a justificar la elección y a recordar que aún se puede recurrir.

«El contrato aún no ha sido formalmente adjudicado a CAF. En esta etapa, se trata de la designación de un licitador preferente, y la adjudicación definitiva solo tendrá lugar una vez que se complete la última fase del procedimiento», explicó el ministro.

El titular de Movilidad indicó que «cualquier empresa que cuestione la legalidad de este procedimiento tiene la posibilidad de presentar un recurso dentro del marco previsto por la ley».

La reacción del Ejecutivo llega horas después de que la SNCB indicase que está obligada a respetar las normas de contratación pública y que éstas no permiten discriminar entre productores locales y comunitarios en términos de empleo.

El ministro retomó esa idea e indicó que la decisión de seleccionar a CAF fue tomada por unanimidad en el consejo de administración de la SNCB, incluidos los administradores que representan a partidos políticos, aunque dijo comprender las «preocupaciones expresadas respecto a las repercusiones económicas locales de los contratos públicos».

«Debe abrirse un debate, especialmente a nivel europeo, sobre la evolución de las normas de contratación pública, con el fin de examinar la posibilidad de integrar criterios que tengan en cuenta los efectos económicos locales, el desarrollo industrial y el empleo», señaló.

No obstante, una evolución de este tipo «requeriría una adaptación del marco legislativo en conformidad con las directivas europeas vigentes», agregó.