Interior abre los primeros expedientes sancionadores por incumplir el registro de viajeros

El Ministerio de Interior ya ha iniciado la apertura de expedientes sancionadores contra empresas por el incumplimiento el Real Decreto 933/2021, el conocido registro de viajeros. Así lo ha confirmado Tourism & Law, compañía de Grupo Atlantigo que no ha desvelado el tipo de sector al que pertenecen.

Por el momento, el organismo dirigido por Fernando Grande-Marlaska tenía que haber publicado una orden ministerial que definiera con claridad las obligaciones o responsabilidades de cada sujeto en esta normativa, algo que todavía no ha ocurrido. Para el despacho especializado en regulación turística esta publicación es «clave», y la demora

actual es «excesiva», aunque aseguran que «la ley no impone un tiempo exacto».

Por tanto, hasta su publicación, la compañía recomienda a las empresas cumplir el RD, tanto en el registro de datos como en su comunicación, y la Ley de Protección de Datos, es decir, «qué datos solicitar, el plazo de custodia de estos y cómo deben tratar esta información».

Además, desde Tourism & Law han señalado que el RD abre la puerta a una «posible judicialización» del proceso. «La falta de concreción legal en algunos puntos críticos, y el tratamiento de datos sensibles podrían dar lugar a reclamaciones si no se actúa con rigor, especialmente en el caso de empresas obligadas sean sancionadas por el Ministerio de Interior», ha explicado.

Tras cumplir cuatro meses en vigor en abril, la plataforma Ses.Hospedajes, desarrollada para introducir los datos de reservas de viajes con motivo del RD, acumula ya 210.639 establecimientos y empresas registradas desde el pasado 2 de diciembre de 2024.

Recientemente, las patronales de agencias de viajes UNAV y Acave volvieron a criticar el funcionamiento de la plataforma ya que, a su juicio, sigue dando «problemas técnicos, modificaciones continuas, interrupciones por mantenimiento y caídas periódicas», lo que «dificulta aún más el cumplimiento de la normativa».

Para las dos asociaciones, el sector vive una situación de «inseguridad jurídica e indefensión» desde la entrada en vigor de la plataforma, pues, transcurrido este periodo, sigue sin publicarse la orden ministerial que desarrolla esta norma y que fue objeto de alegaciones por parte de estas entidades en el mes de enero.