Cuando competir implica incumplir: el modelo Glovo, en el banquillo

Hecha la ley, hecha la trampa. Y si no hubiera trampa, se inventaría, porque escalar en un sector altamente regulado y en un entorno más capitalista que humano lo merece. Si se pregunta a una compañía como Glovo, podría resultarle, incluso, indispensable para mantenerse en el podium.

El delivery líder en transacciones de alimentación online tuvo la suerte de su parte en 2021, cuando la Ley Rider entraba en vigor. Para sortear la norma, Glovo se limitó a externalizar la relación laboral con sus repartidores a través de subcontratas con empresas interpuestas, como Fliits, creada por antiguos directivos de la propia compañía. Un modus operandi que parece llegar a su fin el próximo 1 de julio, tras más de 200 millones de euros en sanciones hasta 2024.

Hace seis meses, la compañía prometió acabar con esa «cesión ilegal de trabajadores» –como la denominan desde Comisiones Obreras– y bajo la cual operan el 84 % de sus repartidores. Aún hoy, Glovo continúa priorizando el núcleo intangible de la compañía –el algoritmo y la marca–, a costa de desvincularse de casi nueve de cada diez trabajadores, que son quienes sostienen operativamente el modelo precisamente.

«Al haber apurado hasta la fecha límite, Glovo ha obtenido una clara ventaja frente a competidores como Just Eat o incluso otros ya desaparecidos como Gorillas. Como ocurre en otros sectores, estos mercados tienden a concentrarse en dos o tres grandes actores, que terminan absorbiendo a los operadores más pequeños que se atreven a entrar», explica Álvaro-Miguel Cabrera, CEO de DeepTech Builder, quien también ha estado involucrado en el sector del reparto a domicilio. «Al adaptarse a la ley en último lugar, Glovo ha reducido significativamente sus costes operativos, lo que a su vez le ha facilitado destinar mayores recursos a una estrategia publicitaria más agresiva y a cerrar acuerdos de exclusividad y muy ventajosos con restaurantes».

Glovo externaliza las nóminas a Fliits eludiendo cotizaciones sociales, seguros y cualquier coste tradicional laboral

Mientras las plataformas digitales mantienen el control efectivo de sus empleados, las empresas pantalla asumen la relación contractual. Es decir, Glovo externaliza las nóminas a Fliits eludiendo cotizaciones sociales, seguros y cualquier coste tradicional laboral. Así, si hay menos pedidos o el ‘falso autónomo’ se enferma, el gigante no paga.

Esta fórmula ha sido defendida por la app de delivery y otros protagonistas del gremio como «una transición viable» hacia el cumplimiento, aunque compañías como Amazon ya tienen consolidada una potente red de contratistas externos.

Entre estabilidad y flexibilidad

El marco normativo impulsado por Yolanda Díaz ha sentado precedente en Europa y, como excepción a lo habitual, contó con el acuerdo de sindicatos y la patronal CEOE. Sin embargo, la distancia entre el relato y el impacto en las condiciones laborales se encuentra bajo escrutinio. Y es que los riders no han salido del todo beneficiados.

El estudio Riders on the Storm, publicado este febrero por el instituto alemán de economía laboral (IZA), es concluyente al respecto: la ley ha tenido efectos negativos en los salarios, las horas trabajadas y el volumen de empleo de los repartidores. En concreto, afirma que la normativa reduce el empleo en siete puntos porcentuales, los salarios medios por hora en un 3 % y las horas trabajadas en un 2,5 %. Ante este escenario, sus investigadores proponen bonificaciones fiscales a las cotizaciones sociales para empresas que empleen riders según la ley.

Frente a la libertad de elegir cuando y para quien trabajar, los repartidores firman contratos que contemplan franjas horarias determinadas

La flexibilidad también ha sido uno de los grandes descontentos. Frente a la libertad de elegir cuando y para quien trabajar, los repartidores firman contratos que contemplan franjas horarias determinadas –muchos de ellos, además, con muy pocas horas semanales–. Cabrera defiende a los gigantes y sostiene que sus negocios «no fueron concebidos para tener empleados fijos» y que, por ende «la nueva legislación va contra la naturaleza del modelo».

Del modelo de éxito al banquillo de los acusados

El último escándalo judicial de Glovo ha sido protagonizado por JustEat, que ha presentado una demanda por competencia desleal. La acusación: haber operado durante años con repartidores en situación irregular (sin contrato laboral directo), lo que habría supuesto un ahorro de 645 millones de euros en costes de Seguridad Social.

JustEat exige 295 millones de euros por los daños derivados de competir en desigualdad de condiciones. Sin embargo, el juicio no es solo un pulso entre dos plataformas, sino una causa mayor sobre el tipo de capitalismo que estamos dispuestos a tolerar. Glovo, que durante años construyó su éxito sobre una red de falsos autónomos, no solo redujo costes en detrimento de los derechos laborales, sino que arrastró a todo el sector a una guerra de precios insostenible, erosionando los márgenes de quienes sí respetaban las reglas. Ahora, los tribunales dirimen si esa ventaja indebida debe traducirse en responsabilidad económica.

Preguntado por el futuro del delivery, el CEO de DeepTech Builder lo visualiza con «muchas menos libertades para los riders, subida de precios para los clientes y comisiones más altas para los restaurantes». En su opinión, el único beneficiado de esta transformación es el Gobierno, que incrementa su recaudación mientras el ecosistema pierde flexibilidad. Las plataformas ven limitada su capacidad de operar según la lógica de su negocio; los restaurantes, presionados por tarifas crecientes; y los repartidores, obligados a asumir condiciones más rígidas y una caída drástica en sus ingresos por entrega y por jornada. Una fotografía que se aleja de la promesa de modernización que impulsó la Ley Rider y que resuena, precisamente, con el corazón de la batalla en los Tribunales entre JustEat y Glovo: hasta qué punto regular un modelo de éxito supone preservarlo o dinamitarlo.