Pasajeros con sus maletas camino de un avión de Ryanair en el aeropuerto de Gerona.
El portazo de PSOE y Sumar agrava el triple choque de las aerolíneas contra el Gobierno
El sector acusa al Ejecutivo de «dar la espalda» a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y anticipa un agujero de mil millones por la falta de Presupuestos
El portazo del Congreso a aliviar la millonaria deuda del Estado con las aerolíneas amenaza con cronificar el creciente agujero que ha abierto en las cuentas de resultados del sector las dos prórrogas consecutivas de los Presupuestos Generales del Estado.
El origen de la disputa se sitúa en la subvención para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Estos ciudadanos, siempre que tengan nacionalidad española, de la UE o de Suiza, tienen derecho a una ayuda que cubre el 75 % del precio de los billetes.
La ley obliga a las aerolíneas a adelantar la ayuda, sin que puedan negarse a ello. El problema, explican a El Debate fuentes del sector, es que tiene que ver con la imposibilidad del Ejecutivo para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
Las cuentas de 2023 consignaron una partida de 560 millones de euros, que la robusta recuperación del número de viajeros tras la pandemia ha dejado obsoleta dos años después.
En marzo, las principales compañías del sector, agrupadas en la asociación ALA, pidieron a Transportes una inyección extra si no se lograba aprobar un proyecto presupuestario para 2025, como finalmente ha ocurrido.
El PP recogió el testigo, e impulsó en el Senado una enmienda a la Ley de Navegación Aérea y a la Ley de Seguridad Aérea para habilitar un crédito extraordinario de 1.200 millones que compensara a las aerolíneas por la deuda generada en 2024 y 2025.
«Situación de asfixia»
La Mesa del Congreso, respaldada por los votos de PSOE y Sumar, votó sin embargo este martes en contra abocando al sector «a una situación de asfixia», según ALA, que anticipa que la deuda alcanzará los mil millones de euros a final del ejercicio «si no se toman medidas cuanto antes».
La reclamación de las aerolíneas coincide con la retirada de Ryanair de varios aeropuertos regionales españoles, incluyendo los de Canarias, en medio de las protestas de la aerolínea contra las tasas de AENA.
La compañía irlandesa considera que ya son «excesivas y poco competitivas», antes de que aumenten un 6,62 % más a partir del próximo año. Como consecuencia, en las últimas semanas anunció la eliminación de 36 conexiones directas con Canarias en el marco de un recorte adicional de un millón de plazas.
Multas a las compañías
A estos dos frentes con el sector se suma el de las sanciones a las compañías aéreas impuestas por el Ministerio de Consumo por cobrar un recargo a quien embarque con equipaje de mano.
El ministerio de Pablo Bustinduy impuso en noviembre una multa de 179 millones por este motivo a cinco compañías, Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, al acusarlas de «prácticas abusivas».
La sanción fue denunciada ante Bruselas por la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y las asociaciones europeas de aerolíneas.
Este martes, el comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, se reunió con el titular de Consumo por videoconferencia, después de que en enero la Comisión abriera un proceso contra España por la sanción, con vistas a una posible anulación de la misma. Según EP, Tzitzikostas trasladó tras la reunión que ya cuenta con «información suficiente» para tomar una decisión al respecto.