Fedea desmonta el Impuesto de Patrimonio: recauda poco, divide a las comunidades y no reduce la desigualdad
Esta institución señala que ha convertido, en la práctica, en un instrumento político más que en una herramienta redistributiva
El Impuesto sobre el Patrimonio español es una rareza dentro de los países desarrollados. Mientras la mayoría de las economías avanzadas lo han eliminado por ineficaz, aquí sobrevive a base de prórrogas, bonificaciones autonómicas y parches estatales. Ahora, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) acaba de publicar un informe en el que demuestra que el tributo apenas reduce la desigualdad y se ha convertido, en la práctica, en un instrumento político más que en una herramienta redistributiva.
El estudio, elaborado con técnicas de microsimulación aplicadas a microdatos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, muestra que el impuesto afecta a una fracción muy reducida de contribuyentes. En palabras de Fedea, «el impuesto está altamente concentrado en un número reducido de contribuyentes con grandes patrimonios, mientras que el grueso de los declarantes soporta una carga fiscal menor».
Según datos de Hacienda, este impuesto apenas supera los 1.000 millones de euros anuales, una cifra anecdótica frente al volumen total de ingresos fiscales. Su capacidad redistributiva es, por tanto, muy limitada y las simulaciones confirman que los índices de desigualdad patrimonial apenas varían tras su aplicación.
España comparte con Noruega y Suiza el dudoso honor de ser uno de los pocos países de la OCDE que mantienen un impuesto general sobre el patrimonio. El resto lo han suprimido o transformado en figuras más específicas. Francia, por ejemplo, lo sustituyó por un tributo centrado únicamente en el patrimonio inmobiliario. Italia lo integró en gravámenes sobre activos situados en el extranjero.
En contraste, España ha mantenido un impuesto formalmente «temporal» desde 2011, prorrogado año tras año, y acompañado desde 2023 por el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
«Dumping» interno
El informe subraya la enorme disparidad territorial en la aplicación del tributo: «La descentralización del gravamen ha dado lugar a un mapa fiscal fragmentado, donde el esfuerzo fiscal varía considerablemente en función de la comunidad de residencia».
Mientras Baleares, Galicia o Cataluña presentan cuotas medias de más de 8.000 euros, en comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura la cuota es nula gracias a la bonificación autonómica del 100 %. El resultado es un sistema que incentiva el traslado de residencia fiscal y genera lo que Fedea califica de «dumping» interno.
El Ejecutivo intentó neutralizar esas diferencias con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, de carácter estatal. Sin embargo, según Fedea, «este tributo replica los defectos del IP y añade nuevos retos jurídicos y de coordinación interterritorial». Es decir, se ha creado una figura duplicada, con gran complejidad normativa y un futuro incierto en los tribunales, añadiendo más inseguridad jurídica.
Mínimos exentos más bajos
El estudio también evalúa alternativas inspiradas en modelos europeos o en propuestas académicas como la de Thomas Piketty. Se trata de escenarios con mínimos exentos más bajos, sin bonificaciones autonómicas o con escalas más amplias aumentarían la recaudación, pero a costa de extender el impuesto a capas más amplias de la población.
El modelo italiano, basado en gravámenes a ciertos activos, resultaría más regresivo. El suizo, con sistemas cantonales homogéneos, sería más estable pero con menor capacidad redistributiva. Ninguna de las simulaciones ofrece una solución perfecta ya que todas implican trade-offs (compensaciones) entre recaudación, equidad y eficiencia económica.
Apenas corrige brechas estructurales
Más allá de la recaudación, Fedea constata que el impuesto refleja las desigualdades de la propia distribución patrimonial. Las mujeres, por ejemplo, tienen menor probabilidad de tributar, al concentrarse la titularidad de la riqueza en hombres. El resultado es un tributo que apenas corrige las brechas estructurales y que, en muchos casos, las reproduce.
De acuerdo con el centro de estudios dirigido por Ángel de la Fuente, el Impuesto sobre el Patrimonio en España no cumple con los objetivos de equidad ni de suficiencia financiera y su existencia responde más a una lógica política –señalar a las grandes fortunas, limitar la competencia entre comunidades– que a un criterio técnico de eficacia fiscal.