Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo
El Gobierno bloquea subvenciones a Madrid en represalia por embargar fondos estatales
La IGAE impide el desembolso de 2,5 millones al denegar a la comunidad el certificado de estar al corriente de pago
Una barrera administrativa erigida por un organismo del Gobierno central bloquea el pago de subvenciones a Madrid. La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda mantiene denegado a la Comunidad de Madrid el certificado acreditativo de encontrarse al corriente de pago, necesario para poder pedir subvenciones estatales.
Esto está está causando un importante «perjuicio» a la Comunidad de Madrid, según denuncia la Consejería de Economía en una misiva dirigida al interventor general del Estado, Pablo Arellano, a la que ha tenido acceso El Debate. La consecuencia más directa es que el Estado mantiene retenidos 2,5 millones de euros en subvenciones destinadas a los madrileños.
Fuentes del Gobierno regional califican este bloqueo de «represalia» por la decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de embargar previamente fondos del Estado por los impagos del Gobierno central a la atención sanitaria a presos alojados en las cárceles madrileñas. Una decisión avalada posteriormente por los tribunales.
33 millones en disputa
En 2019, el Tribunal Supremo dictaminó que la atención sanitaria de los presos internos en centros penitenciarios en la Comunidad de Madrid recae sobre estos centros, y no sobre el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Desde entonces, sin embargo, Instituciones Penitenciarias no ha ingresado los fondos. Mientras tanto, según la comunidad, la deuda ha ido creciendo hasta alcanzar los 33 millones de euros, incluyendo varios recargos.
Como consecuencia, en julio y agosto de 2024 la Comunidad de Madrid dio orden de embargar fondos no desembolsados de dos subvenciones, una del Ministerio de Consumo y otra del Ministerio de Igualdad, por un importe conjunto de 13,5 millones de euros. Ambos embargos fueron recurridos por el Gobierno central, pero los tribunales acabaron dando la razón a la comunidad, en un caso validando el embargo y en otro anulando la providencia de apremio emitida por el Estado. En mayo de este año, además, la Agencia Tributaria concedió a la comunidad la suspensión de la deuda
Pese a estas resoluciones judiciales favorables, la IGAE no ha dejado de contabilizar estos embargos como una deuda de la región con el Estado, motivo por el cual deniega a la comunidad este certificado, que es indispensable para la tramitación de ayudas y subvenciones, explican fuentes del Gobierno regional.
«Desconozco la razón por la que, a día de hoy, siguen manteniéndose esas deudas en el certificado», afirma el viceconsejero madrileño de Hacienda, Juan Revuelta «aun habiendo sido reconocida en vía económico-administrativa la validez del embargo de una deuda, tanto por la Junta Superior de Hacienda como por el Tribunal Económico Administrativo Regional, y estar debidamente suspendida la ejecución de la otra por la AEAT».
