Hacienda aprieta a pymes y autónomos con un sistema de facturación para el que no están listos

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 1 de enero las empresas que declaran el Impuesto de Sociedades deberán facturar a través del nuevo sistema Verifactu. Seis meses después, la obligación se extenderá a autónomos y al resto de compañías. Pero a tres meses de su estreno, la mayoría admite no estar preparada.

Según un estudio elaborado por AIG, una de las principales compañías de software de gestión en España, dos de cada tres pymes y autónomos (69,2 %) ignoran en qué consiste Verifactu. El desconocimiento llega hasta el punto de que ocho de cada diez encuestados no saben diferenciar entre el nuevo sistema y la factura electrónica. Solo un 7,8 % ha realizado pruebas o simulaciones de adaptación, una cifra que anticipa un final de año complicado en el que millones de negocios tendrán que ponerse al día a contrarreloj.

Sin embargo, el impacto será enorme. El 99,8 % del tejido empresarial español está formado por pymes, según el Ministerio de Industria, y más de la mitad no tienen asalariados. A esto se suman los 3,4 millones de autónomos registrados, muchos de los cuales siguen gestionando sus cuentas con hojas de cálculo o incluso en papel.

Hasta ahora, una parte sustancial de la facturación podía delegarse en gestorías. Con Verifactu, esto ya no será posible. Las empresas deberán generar directamente todas sus facturas mediante un software homologado, con un código identificador único y un registro inalterable que se remitirá a la Agencia Tributaria. El sistema oficial será obligatorio salvo en País Vasco y Navarra, que mantienen sus propias normativas forales.

«Muchas pequeñas empresas están acostumbradas a delegar toda la facturación en su asesoría. Con Verifactu eso se acaba: el empresario tendrá que manejar el software directamente, con el riesgo que ello implica», advierten fuentes del sector.

Gasto añadido

Más allá de la adaptación técnica, que no es particularmente compleja, la nueva obligación supone un importante dispendio. La solución de AIG, por ejemplo, cuesta 173 euros al año por empresa, pero en el mercado los precios oscilan entre los 500 y 600 euros anuales de media, con casos que superan los 2.000 en función del número de empleados y puestos de trabajo.

En sectores especialmente vulnerables como la hostelería o el comercio minorista, la factura de la transición podría superar los 750 millones de euros, según cálculos elaborados a partir del informe UVE Data Market Horeca 2024. «Se va más tiempo en gestionar una factura que en servir una caña», advertía recientemente a El Debate una asesoría de negocios, reflejando la preocupación de bares y pequeños comercios.

El Gobierno insiste en que los empresarios pueden recurrir al Kit Digital para sufragar parte de los costes, pero las críticas son generalizadas. Los beneficiarios se quejan de retrasos en los pagos, servicios de baja calidad y falta de formación. Para muchos, esta herramienta se ha convertido en un recurso insuficiente para un cambio tan profundo.

Lucha contra el fraude

El objetivo oficial de Verifactu es reforzar la trazabilidad de las operaciones y combatir el fraude fiscal, pero la encuesta de AIG refleja un clima de escepticismo. Solo uno de cada diez encuestados cree que la nueva normativa reducirá de forma significativa la evasión en su sector. La mayoría lo percibe más como un mecanismo de control que como una herramienta de modernización.

«El Gobierno transmite tranquilidad, pero en el sector sorprende la falta de una campaña informativa seria a tan poco tiempo de la entrada en vigor», explican fuentes del sector. El temor es que gran parte de los negocios esperen hasta el último momento para adaptarse, provocando un cuello de botella en pleno inicio de 2026.

Sanciones

El nuevo sistema no solo afecta a la emisión de facturas. También altera la relación entre empresas, gestorías y la propia Agencia Tributaria. Los asesores fiscales rechazan asumir la gestión directa de la facturación por los riesgos legales que conlleva y su papel se va francamente debilitado. Esto deja a los empresarios frente a una carga administrativa adicional y a una mayor exposición a sanciones por incumplimiento.

Y estas multas no son bajas. Hasta 50.000 euros al año por no utilizar software certificado, y hasta 150.000 para los proveedores tecnológicos que incumplan los requisitos. Además, la comercialización de programas sin homologación puede acarrear sanciones de 1.000 euros por licencia.

En un clima de alza de costes laborales, mayores dificultades para acceder a financiación e incertidumbre regulatoria, empresarios y autónomos se encuentran con un nuevo frente al que, a tenor de las encuestas, no están en absoluto preparados.