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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEuropa Press/ Montaje: El Debate

Empresas

María Aperador, experta en ciberseguridad: «Todas las facturas tendrán que enviarse en tiempo real a Hacienda»

«Da igual si eres autónomo, pyme o gran empresa… nos exponemos a sanciones graves si no lo hacemos de manera correcta», avisa

A partir de 2026 será obligatorio en España utilizar el sistema conocido como VeriFactu para la emisión de facturas, tanto si se trata de autónomos como de empresas. De hecho, todas las facturas deberán enviarse en tiempo real a Hacienda y llevar incorporado un código QR que garantice su autenticidad.

La criminóloga María Aperador explica que esta medida «persigue cerrar una de las principales vías de fraude fiscal en nuestro país, ya que impide que una factura pueda modificarse o manipularse una vez emitida». De este modo, el sistema refuerza la trazabilidad de cada operación económica y ofrece a la Administración un control inmediato sobre las transacciones.

El objetivo, en palabras de la experta, es doble: «Por un lado, dotar de mayor seguridad a las operaciones comerciales y, por otro, reducir el margen de maniobra para prácticas irregulares, desde facturas falsas hasta dobles contabilidades». Además, el código QR permitirá tanto a Hacienda como a los propios clientes comprobar la validez de la factura de forma sencilla.

Consecuencias

No cumplir con esta obligación tendrá consecuencias importantes. Tal y como advierte María, «las sanciones por no emitir correctamente una factura a través del VeriFactu pueden ser graves, ya que no se trata de un mero trámite burocrático, sino de un mecanismo de control diseñado para garantizar la transparencia y combatir el fraude».

El incumplimiento de la normativa puede traducirse en sanciones que alcanzan los 150.000 euros en el caso de los desarrolladores de software que no respeten los requisitos fijados. También se contemplan multas de hasta 50.000 euros para las empresas que utilicen programas modificados o sin la certificación correspondiente.

A partir de 2026, cada factura dejará de ser un simple documento contable para convertirse en una herramienta clave contra la economía sumergida, con un respaldo legal y tecnológico que marcará un antes y un después en la relación entre autónomos, empresas y Hacienda.

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