De las lentejas de la opa a lo que esconde la no presentación de los Presupuestos

Dicen en el BBVA que les basta tener un 30 % del capital del Sabadell para controlar su consejo de administración y designar un nuevo CEO de la entidad. Y lo dicen después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizara el jueves la subida de un 10 % en el precio de la opa, lo que retrasará hasta el 10 de octubre las posibles adhesiones de los accionistas. Y no es que lo digan a los inversores y analistas del banco catalán sino que ha quedado negro sobre blanco en el cuaderno de la opa que presentaron al organismo regulador. Nos queda un mes de septiembre y parte de octubre interesante: de palomitas y butacón.

La mejora de la oferta del BBVA, decidida por unanimidad del consejo de administración del banco vasco el pasado domingo, contradijo las palabras del propio presidente de la entidad, Carlos Torres, que la había negado días antes en su roadshow por las emisoras de radio nacionales e internacionales. Pero era evidente –lo hemos dicho en varias ocasiones– que la mejora se iba a producir. Días después le ha tocado a Josep Oliu pasearse por los medios de comunicación y repetir que la prima de cotización seguía siendo «mala» pues el 2 % no tiene nada que ver con el 30-40 % que se ha pagado en otras opas hostiles en Europa. «Yo le diría al accionista –decía el presidente del Sabadell al diario independentista Ara– que por un plato de lentejas no merece la pena vender un proyecto que da servicio a compañías de toda España». Ojo que ya no eran las pymes catalanas las que se beneficiaban de los créditos del Sabadell sino «las compañías de toda España». ¡Y por un plato de lentejas!

Todo esto para que los 200.000 accionistas del Sabadell acepten la oferta del BBVA, aunque al final no deban ser tantos los que tengan que vender para que opa salga adelante. Con que vendan los grandes fondos –los que están callados y los que dicen que de momento no– se llegará a un 30% o se lanzará una segunda opa subiendo el precio aunque también descarte Carlos Torres ese escenario.

Pero en BBVA ya trabajan en esa nueva coyuntura –la de la segunda opa– incluso si llegan a conseguir el 30% del capital, pues podría lanzarse a un «precio equitativo» como manda la legislación. Caso muy distinto sería que llegasen al 50%. En ese caso –como dijo Torres a la agencia EFE el viernes– «la segunda opa no se produce». Y resulta interesante que recordara que «en esta segunda opa, al ser en efectivo, el accionista en España tributaría por las plusvalías». Todo un mensaje para los grandes fondos.

Una guerra de guerrillas. Informativas y de comunicación. Incluido el dato de cómo va hasta la fecha la aceptación de la opa. Torres se escudó en que aunque los inversores institucionales han mostrado «un apoyo generalizado, su aceptación formal se reporta por parte de los custodios y sus custodios internacionales solo al final del proceso». Suspense no va a faltar: más palomitas.

El otro gran tema de la política económica nacional son los Presupuestos Generales del Estado. No me gustaría entrar en disquisiciones sobre las proclamas mitineras de María Jesús Montero, sino en algunas conclusiones más bien graves, que la no presentación de las Cuentas del Reino está provocando en nuestro país. Y no lo digo yo solo.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, exigió el jueves pasado que el marco fiscal español se adapte al europeo, pero añadió un aperitivo que dejó descolocado a todo el equipo económico del Gobierno, Carlos Cuerpo incluido. Para empezar adelantó que en 2026 y 2027 el Gobierno español no cumplirá con los compromisos fiscales asumidos con Bruselas; y que la necesidad de adaptar el marco fiscal nacional al comunitario tampoco podrá hacerse pues la AIReF carece de información suficiente para cumplir con su tarea de supervisión de las cuentas públicas: «El marco fiscal nacional está anestesiado, vive sin objetivos y sin Presupuestos». También advirtió Herrero que la ausencia de información no podía suplirse en ningún caso con el plan fiscal estructural de medio plazo ya que España incluyó solo «el contenido mínimo» exigible en el documento que envió al Ejecutivo comunitario. Pero ya la guinda fue cuando la economista lamentó que el Gobierno no consultara el plan fiscal con la AIReF ni con el Parlamento y las administraciones territoriales, a pesar de que estas gestionan el 50 % del gasto. «Es un error de libro». Por todo ello, Herrero adelantó que, a final de este mes o principios del siguiente, la AIReF sacará una opinión sobre la revisión del marco fiscal nacional.

Pues bien, da igual que la AIReF diga o deje de decir, a pesar de ser el organismo que controla los Presupuestos del Gobierno y de todas las administraciones públicas. Lo terrible de la denuncia de Cristina Herrero es que sin los Presupuestos del Estado, el organismo que preside funciona «completamente a ciegas», incapaz de controlar ni siquiera los apaños del Gobierno en su ingeniería contable con los gastos de Defensa. Y no solo no puede controlar al Gobierno sino que tampoco puede hacer lo propio con las Comunidades Autónomas a las que se ha pedido que presenten sus presupuestos para 2026 sin ni siquiera saber del margen de déficit que podrán tener por la parálisis presupuestaria del Gobierno. Exigen a las Comunidades Autónomas los que ni siquiera ellos son capaces de cumplir.

Para remate Herrero recordó que los 11.000 millones de ajuste presupuestario que nos pide Bruselas y que han hecho caer a gobiernos de los países vecinos, en España no solo no se aplicarán sino que van a servir para seguir engordando las reclamaciones de los partidos que mantienen al Gobierno. Un disparate que nos pasará factura. Esperemos que también se la pase al Gobierno.