El Gobierno aprueba, con cuatro años de retraso, el nuevo contrato de formación

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes el real decreto que desarrollará el régimen del contrato formativo, una figura incluida en la reforma laboral de 2021 pero cuyo reglamento llega con cuatro años de retraso. El nuevo texto, que sustituye una normativa de finales de los noventa, añade más presión a pymes exhaustas por el aumento de costes laborales y el incremento sostenido de las cargas burocráticas.

El Consejo de Ministros dará luz verde al real decreto que desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y regula las dos modalidades de contrato formativo: la formación en alternancia y la obtención de práctica profesional. El texto sustituye al Real Decreto 488/1998, todavía aplicado, pese a que la reforma laboral redefinió esta figura en diciembre de 2021. «Se codifica un régimen completo y nuevo» y se derogan expresamente las normas anteriores.

El reglamento concreta los requisitos de las empresas, las obligaciones formativas, los límites de edad y duración y la coordinación entre compañías y centros educativos. El propio texto subraya que la norma pretende «resolver las cuestiones que el legislador ha dejado en manos de la norma reglamentaria».

El decreto incorpora un nivel elevado de carga administrativa para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. Para formalizar un contrato de formación en alternancia será obligatorio disponer de un convenio de cooperación con un centro formativo y de un plan formativo individual con itinerarios, hitos, calendarios, tutores y mecanismos de seguimiento. Estos planes deberán incluir «objetivos medibles e hitos calendarizados» y detallar el contenido de la actividad laboral y formativa.

Además, las empresas deberán designar una persona tutora con experiencia adecuada, encargada de evaluar y supervisar el desempeño. La norma prevé bonificaciones para financiar esa labor, pero advierte de que el incumplimiento obligará a devolverlas, e incluso abre la puerta a sanciones: «La devolución de las cantidades comprenderá el interés de demora correspondiente».

El real decreto recuerda que no podrán realizarse horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos, salvo casos excepcionales justificados por la naturaleza de la formación. El tiempo de trabajo efectivo tampoco podrá superar el 60 % de la jornada el primer año y el 85 % el segundo, lo que reduce la capacidad de adaptación en sectores con mayor presión operativa.

El reglamento endurece también las restricciones sobre la experiencia previa y no podrá celebrarse un contrato en alternancia si la persona trabajadora ya desempeñó el mismo puesto durante más de seis meses, ni si ha tenido otro contrato formativo de igual nivel y sector.

Límites según el tamaño

Uno de los puntos más sensibles para las pymes es la limitación del número máximo de contratos formativos por centro de trabajo. Las empresas con hasta 10 trabajadores solo podrán suscribir tres contratos formativos, cifra que aumenta a siete en el caso de las compañías de entre 11 y 30 trabajadores. Entre 31 y 50 trabajadores solo se podrán firmar diez, mientras que a partir de los 50 trabajadores, los contratos en formación no podrán superar el 20 % de la plantilla.

El decreto precisa además que las personas contratadas en formación no cuentan para el cálculo de plantilla, lo que restringe aún más el margen de uso para pequeñas empresas.

Aumento de cargas

La aprobación del decreto llega en un momento de especial tensión para las pequeñas y microempresas, que llevan meses advirtiendo de que el aumento de burocracia y costes laborales están alcanzando niveles difíciles de sostener.

Hace unos días, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, alertó de que la carga administrativa es «brutal» y afecta al 60 % de las pymes, muy por encima de la media europea. A ello se suman una presión fiscal «desproporcionada» y un alza de costes laborales que calificó de «inasumible». Según explicó, «el esfuerzo fiscal es un 50 % más alto que la media de la Unión Europea» y los costes laborales crecen a un ritmo que «ha frenado la contratación» entre las microempresas.