Con este movimiento, el sistema público encara la recta final de su reforma
Pensiones
El gran giro en la pensión no contributiva que llega en 2026
La ley establece que, para 2027, la cuantía de estas ayudas debe equivaler obligatoriamente al 75 % del umbral de pobreza de un hogar unipersonal
El ejercicio 2026 se ha convertido oficialmente en el año del despegue definitivo para las pensiones más modestas del sistema español. Las prestaciones no contributivas, diseñadas para amparar a ciudadanos en situación de invalidez o jubilación que carecen de los 15 años mínimos de cotización, han superado por primera vez los 600 euros mensuales.
De hecho, este incremento responde a una hoja de ruta legislativa pactada hace tres años, cuyo mandato es desvincular estas ayudas de la mera subsistencia y alinearlas con los estándares de dignidad europeos.
La mecánica detrás de esta subida es distinta a la del resto de pensionistas. Mientras que las pensiones contributivas se revalorizan únicamente según el IPC medio, las no contributivas disfrutan este año de un «turbo» adicional de convergencia.
La ley establece que, para 2027, la cuantía de estas ayudas debe equivaler obligatoriamente al 75 % del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. Para lograrlo, el Gobierno debe ir cerrando la brecha año tras año. En este 2026, la normativa exigía reducir la diferencia restante en un 50 %, lo que ha provocado un salto cuantitativo en la nómina de enero que eleva el importe anual por encima de los 8.400 euros repartidos en 14 pagas.
Medio millón de beneficiarios
Este balón de oxígeno financiero beneficia directamente a casi medio millón de personas, un colectivo donde predominan mujeres mayores que dedicaron su vida a los cuidados no remunerados y personas con discapacidad.
Además de la prestación base, se mantiene activo el complemento para titulares que residan en una vivienda alquilada, una ayuda extra de pago único anual de 525 euros que busca amortiguar el impacto del mercado inmobiliario en estas economías frágiles.
Con este movimiento, el sistema público encara la recta final de su reforma, dejando el terreno preparado para que en 2027 se culmine la equiparación definitiva con el umbral de pobreza, transformando la naturaleza de una prestación que históricamente había sido residual.