Placas solares
Los acreedores de las renovables maniobran para embargar bienes de España en EE.UU. y apuntan al Mundial de 2026
Envían requerimientos de información a instituciones, empresas estatales y sociedades involucradas en la organización de la cita
Primer paso de los afectados por los impagos retroactivos de las jugosas primas a las energías renovables que en su día aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para activar embargos de bienes españoles en territorio de Estados Unidos.
Los acreedores internacionales, que en los últimos meses han logrado siete victorias en los tribunales estadounidenses, han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos, y también han emitido requerimientos judiciales a organismos públicos dependientes del Estado.
Entre ellos, han puesto en el punto de mira sociedades involucradas en la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026, según trasladan a El Debate fuentes cercanas, que evitan dar más detalles para evitar afectar a los procedimientos judiciales abiertos.
También han dirigido requerimientos a instituciones financieras, empresas estatales o entes públicos con presencia y actividad en EE.UU., añaden las mismas fuentes. En el punto de mira figuran relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos españoles bajo jurisdicción estadounidense, que podrían ser objeto de embargo a la espera de una decisión clave del Tribunal Supremo de EE.UU.
Un dictamen que está a la espera de la opinión de la Administración Trump, precisamente en pleno choque entre el Gobierno americano y el español por el uso de las bases peninsulares para atacar a Irán.
El precedente está en Reino Unido: en 2023 la justicia británica ya autorizó embargos cautelares sobre determinados bienes institucionales y cuentas bancarias, como la sede del Instituto Cervantes en Londres. En el país, uno de los activos bajo presión es el edificio del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres, como ya informó este diario.
Cronología de los impagos: de Zapatero a Teresa Ribera pasando por Rajoy
Al otro lado del Atlántico, siete empresas han obtenido resoluciones favorables: 9REN, por 44 millones de euros; Cube, por 40,2; Watkins, por 79,5 millones; Infraestructure Services / Antin, por 125,1; RREEF, por 74; InfraRed, por 35; y NextEra, por 290,6. El importe conjunto alcanza los 688,4 millones, que se ve incrementado con los intereses de demora.
En Reino Unido, siempre según los reclamantes, la magistratura ha fijado un tipo de interés del 8 % para el cálculo de los intereses de demora, lo que eleva a 150 millones de euros el pago anual en el país por este concepto.
También hay procesos judiciales abiertos en Singapur y Australia, con sentencias condenatorias conjuntas contra España que alcanzan los 1.754,7 millones de euros, a los que hay que sumar otros 538,3 en sobrecostes judiciales y financieros.
