Trump y una derrota en Reino Unido animan a los fondos que pleitean contra España, con un edificio en la mira de los embargos

Balón de oxígeno. Los fondos que pleitean contra España por la retirada retroactiva de las jugosas primas a las energías renovables que en su día aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creen que tanto el incremento de la tensión con Donald Trump como una decisión de calado de la justicia británica servirán para impulsar su causa.

Este miércoles se conoció que el Supremo británico ha desestimado por unanimidad un recurso del Gobierno contra el registro en su jurisdicción de los laudos del CIADI, el árbitro donde se dirimen las reclamaciones contra España. Dichas reclamaciones suman ya 1.754 millones de euros, a los que hay que sumar otros 537 en sobrecostes judiciales y financieros.

Fuentes cercanas a algunos de los fondos señalan que la decisión judicial allana el camino para el embargo de activos españoles en territorio británico, al esclarecer que el laudo puede registrarse judicialmente sin que el Estado condenado pueda frenar el procedimiento alegando inmunidad.

«El fallo consolida la posición del Reino Unido como jurisdicción relevante para la ejecución de laudos internacionales y reduce el margen procesal de Estados como España o Zimbabue, cuyos gobiernos han intentado retrasar o dificultar el cumplimiento de decisiones arbitrales firmes», consideran.

Y es que este caso en concreto agrupa dos recursos: uno interpuesto por la República de Zimbabue y otro por España, ambos dirigidos a impedir el registro en Reino Unido de laudos dictados bajo el Convenio Ciadi (ICSID). En el caso español, el laudo asciende a 101 millones de euros y deriva de los recortes retroactivos aplicados al régimen de energías renovables, en el marco del caso Antin / Infrastructure Services,

Cabe recordar que la justicia británica ya autorizó embargos cautelares sobre determinados bienes institucionales y cuentas bancaria, como la sede del Instituto Cervantes en Londres a finales de 2023.

Las mismas fuentes señalan que ahora uno de los activos bajo presión es el edificio del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres, cuyo embargo cautelar ya había sido autorizado por la justicia británica y ahora podría ser definitivo. «El inmueble, situado en Portobello Road (Kensington) y valorado en millones de euros, pertenece al Estado español y puede ser objeto de embargo si España continúa sin pagar el laudo arbitral».

La instalación alberga, como ya informó este diario, un colegio español con 400 alumnos y el Centro de Mayores Miguel de Cervantes.

Siete procedimientos en EE.UU.

En paralelo, los fondos ven con esperanza el choque directo entre el Gobierno y la Administración americana, después de que esta semana Trump haya llegado incluso a amenazar con un embargo comercial a España.

Actualmente España tiene siete procedimientos arbitrales abiertos en EE.UU.: los casos Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. La Justicia federal ha reconocido una deuda exigible de 691 millones, pero el Gobierno español recurrió al Supremo del país para que le exonere de los pagos.

Para ello, «invocaron un peregrino argumento de inmunidad soberana», afirman los demandantes, que inciden en que el Ejecutivo español «reclama ayuda al mismo gobierno con el que ahora confronta de manera abierta a nivel internacional».

El proceso, detallan las fuentes, se haya precisamente a la espera de la opinión del Ejecutivo americano, que debe pronunciarse sobre una medida que puede afectar a las relaciones bilaterales entre ambos países. Un respaldo por parte de la Administración Trump sería de mucha relevancia para España después de toda una catarata de decisiones adversas en primera instancia, pero las últimas declaraciones del republicano parecen haberlo alejado mucho. «Obviamente, la coyuntura nos favorece mucho», opinan ahora los fondos.